EFE.-Los padres de un bebé de 14 meses que murió hace tres años en el marco de las manifestaciones contra el Gobierno de Nicaragua que preside el sandinista Daniel Ortega, en circunstancias aún no esclarecidas, abandonaron nuevamente el país por motivos de seguridad.
«Nuevamente salgo por nuestra seguridad con mi familia y pido a Dios que aparte todo mal de nuestro camino y envíe ángeles alrededor nuestro», escribió en un mensaje Nelson Gabriel Lorío Sandoval, quien junto a su esposa, Karina Alejandra Navarrete Sánchez, habían retornado en octubre de 2019 a Nicaragua, procedentes de Costa Rica, en donde se exiliaron por un año tras recibir asedio y persecución.
Lorío estuvo detenido tres días en abril pasado en la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, conocida como el «Chipote», en Managua, donde oficiales, según dijo, le preguntaron qué quería, y respondió: «la sangre de mi hijo no está en venta».
El padre venía denunciando que las autoridades querían acallar su voz y dejara de demandar justicia y libertad.
El 23 de junio de 2018, en el marco de las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de ese año, el bebé fue alcanzado por una bala en medio de un ataque de fuerzas combinadas del Gobierno, integrada por policías y civiles armados, en los barrios del este de Managua, según sus familiares y testigos.
Pero el informe emitido por los forenses de Medicina Legal recoge que el bebé falleció a consecuencia de una herida de arma blanca, algo que, según la madre del infante, es una estrategia para ocultar que su hijo fue alcanzado por una bala de los sandinistas.
Los padres del bebé, que se exiliaron por un año en Costa Rica, regresaron a Nicaragua en octubre de 2019 para demandar justicia.
El relato de la madre, Karina Navarrete, es: «Íbamos mi niña de 7 años, el papá, el niño y yo, a llevar el bebé a la casa de su abuela y lo alcanzó una bala» disparada por agentes policiales.
Según el relato, en el lugar de los hechos no había enfrentamiento en ese momento y solo atacaron a los miembros de la familia al verlos.
El Gobierno de Ortega ha guardado silencio sobre esas denuncias que distintos familiares de las víctimas han hecho en diferentes oportunidades.
Las protestas que estallaron el 18 de abril de 2018, calificadas por el Ejecutivo como «intento de golpe de Estado», dejaron al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.
