La investigación preliminar, realizada por el MP y la Policía, arrojó que los artículos fueron robados de instituciones estatales pertenecientes a la CSS y vendidos a varios establecimientos privados para su comercialización al público.
Ante los hechos, la CSS emitió un comunicado donde informó que no tolerará ninguna acción en detrimento del patrimonio institucional por parte de sus trabajadores y consideró como un ‘acto criminal’ la complicidad de quienes receptaban los insumos robados.
Mediante lo que las autoridades denominaron Operación Insumos, determinaron que las sustracciones ocurrieron en una policlínica de Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste y el Hospital de Especialidades Pediátricas, en esta capital.
Algunos de los insumos robados a la CSS fueron 75 bultos de papel toalla, 70 cajas de papel higiénico, gran cantidad de medicamentos, desfibriladores, libretas de incapacidades firmadas y en blanco, códigos de barra, documentación de la institución, envases para la recolección de muestras y cajas de kits de hisopado.
La falta de medicinas para los asegurados de la CSS es tema recurrente que provoca incluso ocasionales manifestaciones masivas antes las instituciones de salud, lo que hizo crisis en marzo pasado en pacientes con enfermedades crónicas, quienes se sintieron pesimistas ante las promesas de varias administraciones.
Roger Barés, residente del Comité de Protección al Paciente y Familiares declaró entonces a Radio Panamá, que se mantiene la mafia de medicamentos jugando con la vida de los pacientes, porque deben comprar las medicinas en las farmacias privadas a precios altos.
