Santo Domingo.-El dirigente político Guido Gómez Mazara saludó la actuación del Ministerio Público, no solo en la persecución de los actos de corrupción, sino contra cualquier persona que utilizando recursos mal habidos utilice esas ventajas para agenciarse posiciones en el marco de un modelo electoral clientelista.
Entiende que existe perturbación con los mecanismos de elección de los jueces de las Altas Cortes, porque en el país ha prevalecido el reparto.
Entrevistado por el periodista Federico Méndez, sostuvo que el mecanismo de reparto en las Altas Cortes ha sido dañino para la institucionalidad democrática.
“Estoy de acuerdo con que cualquier ciudadano debe tener cinco años fuera del sistema de partidos para participar en una Alta Corte, eso es bueno, que el período de elección para los jueces de las Altas Cortes esté establecido de antemano, como lo ha planteado la reforma, lo saludo”, significó.
Destacó la propuesta del presidente Luis Abinader, de querer un mecanismo de elección del Procurador General de la República diferente, para que sea auténticamente independiente, y que este funcionario no sea parte del Consejo Nacional de la Magistratura.
“Saludo el hecho de que los dominicanos nos pongamos por encima de las diferencias propias de la confrontación política y nos convoquemos constantemente a un diálogo”, adujo.
Gómez Mazara resaltó que desde el Palacio Nacional se ha mandado una señal de que no se tocará lo que ha sido una histórica práctica de usar una reforma constitucional para los temas del ámbito puramente presidencial.
“¿Qué ha pasado?, se preguntó el dirigente político, para responder que el marco fundamental de la Carta Sustantiva siempre ha tenido vacíos existenciales, por el carácter de rapidez con que se ha abordado el tema.
El jurista considera que también la legislación electoral dominicana debe ser modificada, pero la Junta Central Electoral debe participar y ser un ente activo en los procesos de competencia interna de los partidos políticos, por tratarse de una responsabilidad que le consigna la ley.
Planteó que en la legislación electoral se debe establecer un mecanismo sancionador a las élites de los partidos políticos cuando miembros, por sus inconductas salen con las suyas y se quedan de candidatos a senadores, diputados, alcaldes y regidores por cualquier estructura.
