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Poder Ejecutivo crea por decreto el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana

Palacio 1
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Este sistema estará bajo la dependencia directa del Ministerio de Interior y Policía, integrado por profesionales de diversas áreas de las ciencias sociales, del saber técnico y profesional.

Santo Domingo. -El presidente Luis Abinader emitió el decreto 581-21, mediante el cual dispone crear el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, unido al Ministerio de Interior y Policía, como órgano responsable de dirigir la ejecución de los programas, políticas y planes concebidos en el marco de la Estrategia Nacional Integral de Seguridad Ciudadana «Mi País Seguro».

Este estará integrado por profesionales de diversas áreas de las ciencias sociales, del saber técnico y profesional.

Parte de los considerandos

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República, en su artículo 128. dispone que «el presidente de la República dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar, y es la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los demás Cuerpos de Seguridad del Estado».
CONSIDERANDO: Que el Estado dominicano ha diseñado la Estrategia Nacional Integral de Seguridad Ciudadana denominada «Mi País Seguro», fruto de consultas hechas a diversos  sectores, instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales, religiosas y populares.
CONSIDERANDO: Que es necesario fortalecer las distintas instancias, y organismos además de generar mecanismos técnicos que posibiliten conllevar las acciones, programas, políticas de seguridad ciudadana de la nación, a través de un organismo cualificado y de alto nivel, encargado de dar impulso e implementar las políticas y estrategias tendentes a mejorar la seguridad ciudadana.
CONSIDERANDO: Que se precisa monitorear de manera constante los datos relativos a las causales que inciden en la falta de convivencia ciudadana pacífica en sectores de la población, las distintas causas de la violencia, la delincuencia y el crimen organizado, de manera que el Estado identifique oportunamente las causales que constituyan factores que puedan desestabilizar la convivencia pacífica de las personas en el territorio nacional.
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