Santo Domingo. – El politólogo Daniel Pou considera que uno de los principales problemas que tiene el sistema de partidos en el país es permitir que las campañas políticas y las actividades para elegir a los candidatos de las boletas electorales, sean por la cantidad de recursos con que cuentan.
Dijo que esa situación se produce en aras de continuar con el modelo que le proporciona un nicho de confort y ha traído, de manera indiscutible la incursión de personas que llevan actividades ilícitas en paralelo con las actividades políticas.
Asimismo, el también experto en seguridad ciudadana, destacó que muchas veces esas personas llegan a la actividad política con propósitos muy marcados desde el mundo de la criminalidad y las cúpulas de los partidos se sienten atraídas porque son individuos que cuentan con una gran cantidad de recursos para desarrollar su campaña.
Son los partidos quienes cargan en primera instancia con esa responsabilidad, precisó al ser entrevistado por el periodista julio Martínez Pozo.
Al preguntarle cómo puede evitarse que una persona vinculada a actividades ilícitas pueda aspirar a un cargo electivo sin vulnera sus derechos constitucionales, dijo que hay un tema que tiene que ver con la legislación y que los partidos deben tener una clara visión de la dimensión y el alcance de cada persona que se postula, porque se supone que debe ser un militante político, por los menos.
Destacó que este es un país muy pequeño, donde casi todo el mundo sabe de dónde proceden los bienes de los demás, con quienes se reúne y comparte sus actividades.
“Deben producirse investigaciones. Que haya en cada partido un nivel de rendición de cuentas y de supervisión… si hay sospecha de alguna persona debe ser sometida a investigación”, expresó el politólogo.
Indicó que es necesario hacer una investigación en la deben sumarse sectores del Ministerio Público y de la propia Junta Central Electoral (JCE) para que sea en conjunto. Tras destacar, que en caso de que surja alguna inquietud o situación de duda, pero con fundamentos reales, se podría impedir que esa persona se postule para un puesto elegible.
En ese sentido, dijo que hay que hacer una sustancial transformación a la Ley de Partidos y en temas concernientes al propio Código Penal.
En otro orden, manifestó que el acuerdo de extradición que existe entre República Dominicana y Estados Unidos este país ha sido muy complaciente. “Es muy difícil que se le niegue a los Estados Unidos una extradición porque el sistema depende prácticamente del nuestro presidente y de la Suprema Corte de Justicia”, afirmó el destacado politólogo.
Explicó que existen temas que deberían estar vinculados a las sentencias que se produzcan sobre las personas en los procesos penales llevados a cabo en Estados Unidos, y además, hay un punto pendiente en la agenda de la política criminal del país y es que se apruebe la Ley de Extinción de Dominios.
Para dicha ley se podría hacer una legislación especial, si se quiere, o dentro del propio Código Penal un articulado que contemple la posibilidad de homologación de una sentencia criminal en Estados Unidos en República Dominicana.
“Sería una sentencia donde una persona, a pesar de que haya negociado con las autoridades en EE. UU para poder conseguir una pena más leve, con esa sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada se aplicaría la Ley de Extinción de Dominio”, consideró.
