SANTO DOMINGO.- El procurador adjunto
Wilson Camacho destacó este viernes la valoración de los nuevos
presupuestos aportados por el Ministerio Público que hizo el Cuarto
Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, al mantener las
medidas de coerción a los imputados del Caso Medusa por el que
guarda prisión el exprocurador general Jean Alain Rodríguez
Sánchez.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la
Corrupción Administrativa (Pepca) dijo que el tribunal se avocó a
conocer la revisión de la medida y que en ese conocimiento evaluó los
presupuestos nuevos que aportó el Ministerio Público y encontró la
base probatoria necesaria para mantener la coerción.
“Como hemos dicho y así lo ha verificado el tribunal, que eran
pruebas suficientes para mantener las medidas de coerción que han
sido impuestas y así lo ha decidido el tribunal, en base a la gravedad
de los hechos que se imputan en esta investigación que tienen delitos
como sabotaje, en violación a la Ley 53-07, sobre Delitos de Alta
Tecnología, estafa contra el Estado, sobornos y lavado de activos”,
dijo.
Sostuvo que la gravedad de esos hechos y los presupuestos que ha
aportado el Ministerio Público, ligado a la deficiencia probatoria de
los argumentos presentados por las defensas, han llevado al tribunal
a la confirmación de las medidas de coerción de esta operación
Medusa que se conocieron en el día de hoy.
Al ser abordado por periodistas de diversos medios de comunicación,
explicó que “los resultados de la audiencia en el día de hoy habría que
verlos en dos vertientes, un primer momento en el que el tribunal
indicó a los imputados Rodríguez Sánchez y Javier Forteza que no le
correspondía la revisión de la medida de coerción en el día de hoy
como consecuencia de que su medida había sido confirmada
recientemente por la Corte de Apelación del Distrito Nacional”.
En ese sentido, dijo con relación a esos dos imputados, que la revisión
de su medida de coerción será el 8 de diciembre del presente año.
La jueza Solange Vásquez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del
Distrito Nacional, le confirmó las medidas de coerción a los demás
imputados, ordenando la revisión obligatoria el 28 de enero de 2022.
El pasado 13 de octubre la magistrada Vásquez dispuso el
aplazamiento de la medida para este viernes, luego de acoger una
solicitud de la defensa de los encartados, para conocer los nuevos
presupuestos aportados por el Ministerio Público para el
conocimiento de esta revisión obligatoria de la coerción.
Desde julio pasado el exprocurador Rodríguez Sánchez y los
coimputados Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro
Forteza Ibarra y Jonathan Joel Rodríguez Imbert cumplen 18 meses
de prisión preventiva en el Centro de Corrección y rehabilitación de
Najayo Hombres, en San Cristóbal, por disposición de la Oficina
Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
En el transcurso del proceso el Ministerio Público logró que las juezas
Doris Josefina Pujols,
Carmen Mancebo y Daysi Montás, de la
Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional,
acogieran su petición y ratificaran la prisión preventiva impuesta al
exprocurador Rodríguez Sánchez y a Forteza Ibarra, durante el
conocimiento de un recurso de apelación interpuestos por los
acusados.
En el caso figuran como coimputados Rafael Antonio Mercede Marte,
Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen
arresto domiciliario, y Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una
garantía económica de RD$1 millón en modalidad de contrato, a
través de una compañía aseguradora, impedimento de salida y
presentación periódica.
Respecto a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del
procurador Rodríguez Sánchez arrestado en España, el Ministerio
Público ya hizo el trámite de la solicitud para su entrega a República
Dominicana.
De acuerdo con el expediente, los imputados integraron una red
criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la
República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado
dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
El órgano acusador les imputa la violación a los artículos 123, 124,
166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan
la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de
malhechores y estafa contra el Estado.
También, enfrentan cargos de infracción al artículo 3, párrafo, de la
Ley 712, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172
del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07,
sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en
actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.
