SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Fiscalía de Santo Domingo Este logró la imposición de seis meses de prisión preventiva contra cuatro personas involucradas en una red de estafa electrónica, vinculada al robo de más de RD$27 millones de pesos, caso que fue declarado complejo.
El juez Bernardo Coplín García dispuso que a los imputados Loren Liselot Ysabel Alonzo, Ángel Ernesto Montes de Oca Matos, Anlly Luz Solano Adames y Yessica Rosaura Escalante Heredia, identificados como los principales beneficiarios de la estafa, cumplan la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Mujeres y la Penitenciaría Nacional de La Victoria.
Mientras que para Frank Ambras, Starling Pérez Vicioso y Evelin Esmeralda Tejeda, quienes acordaron con la entidad financiera para resarcirle los daños causados, impuso garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.
El Ministerio Público estuvo representado por los fiscales litigantes Waldimir Reynoso, Nehemías Salazar, Jhon Suncar y Ruddy Medina, bajo la coordinación del fiscal titular de Santo Domingo Este y Norte, Milcíades Guzmán Leonardo.
El órgano de la persecución establece que el fraude cometido a la víctima tuvo que ser subsanado por la entidad bancaria y se originó el 11 de mayo de 2021.
La estructura criminal fue sometida a la justicia luego de que el Ministerio Público obtuviera distintas pruebas que vinculan al grupo a la estafa millonaria contra el cliente y el banco.
El Ministerio Público sostiene en la solicitud de medida de coerción que los imputados cometieron la acción delictiva tras obtener una tarjeta de códigos del banco con la que realizaron pagos y transferencias de forma electrónica. Señala que realizaron 65 transferencias electrónicas fraudulentas por un total de RD$27,197,966.07.
Entre los delitos que les atribuye la Fiscalía de Santo Domingo Este figuran robo mediante la utilización de alta tecnología, obtención ilícita de fondos, transferencia electrónica de fondos y estafa electrónica, así como robo de identidad, falsedad de documentos y firmas, falsedad en escritura pública y privada y asociación de malhechores.
En el transcurso de la investigación el Ministerio Público ha obtenido distintas evidencias que les vinculan a esos hechos delictivos tipificados y sancionados por varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
