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Someten ante el TSA recurso contencioso y medida cautelar contra el aumento de la tarifa eléctrica

Recurso
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Henry Adames, director ejecutivo de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), explicó que con la acción procura la nulidad de las resoluciones de la Superintendencia de Electricidad, con "el descomunal e ilegal aumento de la tarifa eléctrica".

Santo Domingo.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), sometió por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), un recurso contencioso administrativo y una medida cautelar, para procurar la nulidad de las resoluciones de la Superintendencia de Electricidad, con «el descomunal e ilegal aumento de la tarifa eléctrica».

Henry Adames, director ejecutivo de la FJT y abogado actuante, criticó el incremento, tras señalar que está afectando a «los sectores más desposeídos, a los hijos de machepa, abandonados a su suerte».

Explicó que el recurso contencioso busca hacer «cesar la perturbación manifiesta del derecho fundamental de los dominicanos, a recibir de manera eficiente y asequible servicios públicos de calidad, se ve diezmado y limitado, y reiteramos todo ello con el aumento abusivo e ilegal de la tarifa eléctrica».

Adames, agregó que las pretensiones de la FJT se fundamentan en que la Superintendencia de Electricidad está «perjudicando severamente a la población más vulnerable, ha incurrido en el yerro y la ilegalidad, de empezar a aplicar un reajuste tarifario sin cumplir con ninguno de los requisitos exigidos por la ley 200-04, de acceso a la información, la ley 107-13, sobre los derechos de los ciudadanos, frente a la administración,  y sobre todo la ley general de electricidad 125-01, cuyas normativas exigen para los aumentos tarifarios que las mismas tengan que agotar espacios de consulta popular, audiencias públicas, opiniones de las empresas eléctricas y agentes del sector eléctrico y participación ciudadana».

Los demás abogados y representantes de la FJT, Trajano Potentini, Henry Adames y César Noboa, aseguraron que continuaran librando la batalla para restaurar la institucionalidad transgredida, evidenciada en los multiplex casos que sobre el tema eléctrico hemos tenido que judicializar, anunciando que para el próximo lunes el tribunal constitucional también conocerá en audiencia pública el ilegal fideicomiso que da por 30 años en administración a 5 personas del sector privado a Punta Catalina.

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