EFE.- La exlíder birmana depuesta y nobel de la paz, Aung San Suu Kyi, fue condenada este lunes a cuatro años de prisión en la primera sentencia por los diversos juicios a los que se enfrenta bajo la junta militar que tomó el poder en un golpe de Estado del pasado 1 de febrero en Birmania (Myanmar).

El tribunal Zabuthiri de la capital, Naipyidó, ha condenado a Suu Kyi por dos cargos. El primero, por incitación a las protestas, a raíz de un comunicado publicado por su partido cuando ella ya había sido detenida, en el que se pedía la oposición pública al golpe de Estado. El segundo, por violar la sección 25 de la Ley de Gestión de Catástrofes e infringir los protocolos activados para frenar la pandemia durante la campaña electoral de las elecciones de 2020, a pesar de que llevaba mascarilla y protección facial.

El expresidente Win Myint, aliado de Suu Kyi en su partido, la Liga Nacional para la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés), también ha sido condenado a cuatro años de cárcel por los mismos delitos. Según el portal de noticias Myanmar Now, el exalcalde de Naipyidó, Myo Aung, ha sido sentenciado a una pena de dos años de prisión por incitación a la violencia.

La premio Nobel de la Paz de 1991 ―quien ya pasó casi 15 años en prisión entre 1989 y 2010 por liderar el movimiento contra la dictadura militar que gobernó el país durante medio siglo (1962-2011)― ha estado en arresto domiciliario desde la asonada y, por el momento, se desconoce si será trasladada a prisión. Al enviado especial de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés), encargado de buscar una vía diplomática para resolver la crisis, se le negó en octubre el permiso para visitarla. En respuesta, Min Aung Hlaing, jefe de la junta militar, tiene prohibido asistir a las reuniones de la organización.

La oficina de Naciones Unidas para Myanmar ha condenado el incidente y criticado el “ataque contra un alto número de civiles desarmados”. Añade que “un vehículo que pertenecía a las fuerzas de seguridad embistió a los manifestantes, a quienes más tarde se les disparó con munición activa, provocando lesiones y la muerte de decenas personas”. Según la Asociación de Asistencia a Presos Políticos, más de 10.600 personas han sido dteenidas en las movilizaciones sociales que han tenido lugar desde febrero, y más de 1.300 han sido asesinadas.

La junta militar en el poder continúa con dificultades para imponer el orden en la nación, 10 meses después del golpe de Estado. El Consejo Especial de Asesoría para Myanmar (Special Advisory Council for Myanmar) denuncia que los sistemas educativo y sanitario han colapsado, la economía no consigue recuperarse y las tasas de pobreza se han disparado. Desde esta organización advierten que el Tatmadaw está bloqueando el acceso a los alimentos y suministros médicos en muchas comunidades, lo que está llevando a la población al borde de la inanición.