Santo Domingo, Santo Domingo.- El Consejo de Defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez, reveló una trama de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) para dilatar el proceso de investigación, al no existir pruebas en su contra, con el objetivo de prolongar prisión ilegal reenviando las audiencias fijadas por los tribunales como táctica dilatoria.
Recuerda que el Ministerio Público presentó el pasado 28 de febrero una solicitud de prórroga de cuatro meses al dejar vencer el plazo ampliado de 8 meses otorgando sin presentar un archivo del caso o una acusación como lo manda la ley.
Agrega que luego de “engañar al país informando que tenían un expediente blindado resulta que no tienen una sola prueba contra el ex Procurador, y por tanto solicitan cuatro meses adicionales solicitud que en función del artículo 228 del Código Procesal Penal ordena la suspensión de la presión preventiva y conlleva la libertad del investigado.
Gustavo Biaggi, del Consejo de Defensa del exprocurador recusó formalmente a 5 miembros del Ministerio Público de los más de 1,500 que componen la matrícula de la institución, sobre lo que Francisco Franco afirmó que “el rechazo de la misma confirma el odio existente entre los miembros del órgano persecutor y nuestro cliente.
Entre los recusados se encuentran Wilson Camacho, Yeni Berenice por supuestamente encontrarse inhabilitados para investigar a su excompañero de trabajo, como lo prohíbe de forma expresa el artículo 80, acápites 1, 7 y 9 de la Ley 133-11, al estos ser parte y tener interés en la investigación que participan, al haber administrado y gastado directamente parte de los fondos que la PEPCA ha definido fueron utilizados sin seguir los procesos administrativos.
Agrega que mientras fungían como fiscales titulares o subdirectores realizaban compras de equipos de tecnología y otros gastos que se encuentran en el propio expediente contra el exprocurador”,.
Franco añade que lo anterior, se produjo al margen de que Camacho y Berenice Reynoso no permitieron que el exprocurador declarara en dos audiencias, y se han referido en medios de comunicación de forma despectiva y vejatoria.
En igual sentido, refirieron los juristas que la citada Ley 133-11 contempla que al haber existido una relación laboral con el investigado, estos miembros del Ministerio Público no pueden dirigir y ejercer la acción pública contra el investigado. Asimismo, tanto la Ley 133-11 como el Código Procesal Penal establecen que el odio y la conocida enemistad capital de los recusados frente al ex Procurador los inhabilita y les impide participar en la investigación.
Insiste en que la PEPCA mintió al país informando que tenían un “expediente blindado” presentando la construcción, impermeabilizantes e inodoros y resulta que la Procuraduría General Miriam Germán Brito aprobó todos los contratos del ex Procurador Jean Alain Rodríguez y les pagó más de 220 millones adicionales.
