En su comunicado oficial, el jefe de la diplomacia de Washington precisó que esa medida va dirigida a quienes -en su opinión- permitieron o facilitaron detenciones violentas e injustas, juicios falsos y penas de prisión a los implicados en los disturbios ocurridos en julio del año pasado.
Con penalizaciones de ese tipo y medidas coercitivas financieras, el gobierno norteamericano pretende “apoyar una mayor libertad y oportunidades económicas para el pueblo cubano”, señaló Blinken, quien no mencionó el bloqueo como una de las causas de la situación económica del país caribeño.
En enero y junio de este año, así como en noviembre de 2021, el Departamento de Estado adoptó medidas similares contra funcionarios del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias a quienes también aplicó restricciones de visa a raíz de lo ocurrido el 11 de julio de 2021.
Ese día ocurrieron disturbios en varios puntos de Cuba que atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad del Estado; hubo delitos de desorden público, instigación a delinquir y también hechos de extrema violencia contra bienes, personas y autoridades.
Según La Habana, esas acciones fueron alentadas desde el exterior a partir de la aplicación de estrategias de la llamada guerra no convencional y resultado del reforzamiento de las medidas coercitivas de Estados Unidos contra la isla en medio de la pandemia de Covid-19.
Respecto a las sanciones contra funcionarios, Cuba considera que forman parte de la escalada agresiva impulsada desde la Casa Blanca.
El mes pasado, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, calificó como acto de agresión las restricciones de visa, pues son “sanciones individuales basadas en acusaciones mendaces y absolutamente infundadas” y aseguró que “no nos doblegan, solo provocan nuestro más enérgico rechazo”.
