Santo Domingo.- El Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley de extinción de dominio, con 24 votos a favor de 27 senadores presentes en la sesión de este martes.
El proyecto de ley fue presentado por los senadores Antonio Taveras Guzmán, provincia Santo Domingo; Milcíades Franjul, Peravia; Félix Bautista, San Juan; Aris Yván Lorenzo, Elías Piña y José Del Castillo Saviñón, Barahona.
La extinción de dominio es una normativa jurídica dirigida contra los bienes de origen o destinación ilícita, lo que se constituye en una herramienta para la persecución de los activos obtenidos a través del crimen organizado, la corrupción y otras actividades criminales.
El proyecto de ley establece reglamentos para los procesos de extinción de dominio de bienes ilícitos, previstos en la Constitución de la Republica Dominicana. Además, define las competencias y facultades de las autoridades responsables de su aplicación.
Otros proyectos aprobados
El Pleno senatorial sancionó en segunda lectura el Proyecto de Ley que Suprime la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y la Unidad de Electrificación Rural y Sub-urbana (UERS). La iniciativa propuesta por el Poder Ejecutivo será remitida a la Cámara de Diputados.
La pieza legislativa contempla que el Ministerio de Energía y Minas será responsable de continuar llevando a cabo los programas del Estado en materia de electrificación rural y sub-urbana, a favor de las comunidades de escasos recursos económicos.
Las empresas de distribución de electricidad Edesur, Edenorte y Edeeste serán las continuadoras jurídicas de la CDEEE en todos los contratos de compraventa de energía, según indica la normativa aprobada con 22 votos a favor. Ahora este proyecto pasará a la Cámara de Diputados.
En la sesión, fue aprobado en segunda lectura el Proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial, presentado por la Suprema Corte de Justicia. La iniciativa será remitida al Poder Ejecutivo.
La pieza legislativa tiene la finalidad de habilitar y regular el uso de medios digitales para los procesos judiciales y procedimientos administrativos que se tramitan ante los órganos del Poder Judicial, con el fin de hacer uso de la tecnología.
