El Ministerio Público obtuvo condenas de cinco a 15 años de prisión contra cinco personas enjuiciadas en un tribunal de esta jurisdicción por narcotráfico y delitos vinculados, arrestados en 2019 durante varios allanamientos simultáneos.
El Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del distrito judicial de Duarte dictó sentencia contra el grupo de parientes y amigos que se asociaban en torno a la denominada Red de Fausto.
Los jueces impusieron 15 años de prisión contra Fausto Castillo Brito, quien además deberá pagar una multa de 50,000 pesos tras comprobarse su rol como patrocinador del tráfico de sustancias controladas; para Amalfi Castillo Brito, 10 años de reclusión y 50,000 pesos de multa; Jesús Salvador Alegría Olivo, ocho años de prisión y 10,000 pesos de multa; Yulier David García Rosa, ocho años de prisión y 10,000 pesos de multa, y para Leonardo Vásquez Marte, cinco años y 10,000 pesos.
Como resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio Público y organismos de la Policía Nacional, las autoridades lograron identificar a la Red de Fausto como una de las más importantes organizaciones de patrocinio, fabricación, venta y distribución de sustancias controladas en la provincia Duarte y zonas circundantes, con vínculos con otros grupos dedicados a esa actividad ilícita.
Con base en órdenes judiciales, el Ministerio Público encabezó en noviembre de 2019 una serie de allanamientos que dieron con el arresto de los procesados por este expediente.
Los hallazgos de dichos allanamientos permitieron la ocupación de drogas, dinero en efectivo y armas de fuego ilegales que Fausto y sus relacionados usaban para enfrentar a otras redes.
Las actas de estas ocupaciones contribuyeron a la posterior demostración ante los jueces de la responsabilidad del grupo en delitos relacionados con el narcotráfico, lavado de activos, uso de armas de fuego ilegales y falsificación de documentos.
La Fiscalía de Duarte, junto a los procuradores fiscales Eduardo Velázquez Muñoz y Héctor García, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, logró durante el juicio demostrar la responsabilidad de los procesados en los delitos previstos y sancionados por las leyes 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas, y 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
