Un importante fallo en su contra de jueces que él mismo designó. Fuertes denuncias de fraude de la procuradora general del estado de Nueva York. Fue una semana de reveses legales para Donald Trump, que reflejan los problemas que se le acumulan y para los cuales no podrá acogerse a las protecciones que le daba la Casa Blanca.
Las bravuconadas que tanto rédito le dieron en la política no lo ayudan mucho en un ámbito legal en el que priman las evidencias verificables y donde una investigación de presuntos fraudes que comenzó cuando todavía era presidente dio paso a una demanda de 222 páginas en su contra.
“En la política uno puede decir lo que quiera y, si a la gente le gusta, suma puntos. En el ámbito legal, las cosas son diferentes”, dijo Chris Edelson, profesor de la American University especializado en los poderes de la presidencia. “Es un terreno en el que, a diferencia de lo que ocurre en la política, hay consecuencias tangibles para los pasos en falso, las acciones ilegales, las declaraciones falsas”.
Esa distinción entre la política y las leyes quedó en evidencia en un período de 30 horas esta semana.
En una entrevista con Fox News, Trump insistió esta semana en que los documentos secretos que tenía en su residencia de Mar-a-Lago (Florida) habían sido desclasificados y en que un presidente tiene la facultad de desclasificar información “incluso de tan solo pensarlo”.
El día previo, sin embargo, un árbitro independiente que sus propios abogados habían recomendado se mostró asombrado de que la gente de Trump declinase presentar información corroborando su afirmación de que los documentos habían sido desclasificados. El árbitro Raymond Dearie, un veterano juez federal, dijo que, ante la ausencia de evidencia que justificase la postura de Trump, tendía a considerar que los documentos seguían siendo clasificados, como dice el gobierno.
El miércoles por la mañana, Letitia James, la procuradora general de Nueve York, acusó a Trump de exagerar su patrimonio en miles de millones de dólares y de incurrir en la práctica habitual de inflar ante los bancos el valor de sus propiedades. La demanda, producto de una investigación de tres años que comenzó cuando Trump ocupaba la presidencia, también abarca a los tres hijos adultos de Trump y plantea que se les prohíba volver a dirigir una empresa en el estado de Nueva York. Trump niega haber cometido las irregularidades que se le imputan.
Horas después, tres jueces del Juzgado de Apelaciones del 11mo Circuito –dos de ellos designados por Trump– le asestaron otro duro golpe en relación con la investigación del allanamiento a su residencia de Mar-a-Lago.
Rechazaron tajantemente el argumento de que tenía derecho a pedir un árbitro independiente para que revise los aproximadamente 100 documentos clasificados confiscados el mes pasado en un allanamiento del FBI. Dijeron asimismo que no estaba claro por qué Trump podía tener “interés o necesidad” alguna en esos documentos.
El fallo despejó el camino para que el Departamento de Justicia reanudase la revisión de los documentos. También eliminó una orden de la jueza Aileen Cannon que prohibía temporalmente a los investigadores revisar los documentos. El jueves la jueza eliminó de su dictamen la parte que disponía que el Departamento de Justicia debía dar a Dearie y a los abogados de Trump acceso a los documentos clasificados.
Trump está acostumbrado a las batallas legales. Ha sido blanco de numerosas demandas y ha demostrado una inusual capacidad para sobrevivir a situaciones que parecían muy comprometedoras.
