(EFE).- La Fiscalía peruana estrechó este martes el cerco judicial sobre el presidente Pedro Castillo al allanar el domicilio de su hermana, con su madre presente, y presentar en el Congreso una denuncia constitucional en su contra, tras lo que lo que el mandatario denunció que ha comenzado «una nueva modalidad de golpe de Estado» en el país.
La jornada de este martes arrancó con varios allanamientos en las oficinas y residencias de seis congresistas del partido centrista Acción Popular, quienes son apodados como «Los Niños» e investigados por sus presuntos vínculos con la supuesta organización criminal que, según la tesis del Ministerio Público, encabeza Castillo en su Ejecutivo.
En simultáneo, el personal de la Fiscalía, con apoyo de un equipo especial de la Policía, allanó también la casa de una hermana del gobernante, donde se encontraba su madre, Mavila Terrones, quien tuvo que ser internada en un hospital de Lima por presentar problemas de salud durante las diligencias.
«Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre», espetó en un tuit Castillo.
Los allanamientos, que ocurrían mientras la prensa local revelaba una serie de acusaciones contra el mandatario por parte de supuestos colaboradores de la Justicia, se saldaron con la detención preliminar por un plazo de diez días de cinco integrantes de un grupo de exasesores del Ejecutivo.
Los cinco están siendo investigados por su presunto rol en el supuesto grupo corrupto que, según la Fiscalía, lidera presuntamente el jefe de Estado para obtener ganancias de la licitación fraudulenta de obras públicas.
LA DENUNCIA CONSTITUCIONAL
Horas después, la tensión se recrudeció cuando el Ministerio Público anunció a través de Twitter que la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, había presentado en el Congreso una denuncia constitucional contra Castillo como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder.
También por delitos contra la administración pública en la modalidad tráfico de influencias agravado y como presunto cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión (fraude).
Inmediatamente después, Benavides ofreció un pronunciamiento público en el que justificó su decisión aludiendo a los «muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno» que supuestamente se encontraron durante las diligencias de la mañana.
La fiscal fue enfática al afirmar que esta red corrupta está «presuntamente liderada por el presidente de la República, Castillo Terrones», e integrada por varios ministros.
Además, acusó a la misma organización de desplegar una «constante y feroz obstrucción a la Justicia» que, alertó, «pone en grave peligro la continuidad de las investigaciones y el descubrimiento de la verdad que todo el pueblo espera conocer».
Con la remisión de la denuncia constitucional contra Castillo al Parlamento, ahora queda en manos del Legislativo el avance de un trámite que, de pasar todas sus etapas legales, podría resolverse con una votación en el pleno sobre una eventual suspensión del mandatario, quien en sus quince meses de gestión ha sobrevivido a dos intentos de destitución impulsados por la oposición, que domina la cámara.
CASTILLO DENUNCIA «GOLPE DE ESTADO»
Tras conocerse la denuncia, que la defensa del mandatario ya ha avanzado que intentará revertir con acciones legales, Castillo convocó, en un acto inédito, a la prensa extranjera en el Palacio de Gobierno, donde aseguró que «hoy se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en Perú».
El mandatario negó «rotundamente las acusaciones», dijo que no tienen pruebas en su contra y condenó el trabajo de la Fiscalía, a la que acusó de actuar «políticamente».
Asimismo, aseguró que no va a pedir asilo o a abandonar su país y reiteró que está siendo víctima de «persecución política», pero que él se mantendrá «en pie y firme» hasta el final de su mandato, que en principio se extiende hasta 2026.
