(BBC Mundo).-El presidente de Perú, Pedro Castillo, fue detenido este miércoles después de que el Congreso de su país lo destituyera por anunciar la disolución de esa Cámara y la instauración de un “gobierno de excepción”.
Los eventos se precipitaron después de que el mandatario hiciera el inesperado anuncio en cadena nacional -que fue calificado de “golpe de Estado” por representantes de todo el espectro político- a pocas horas de una sesión del Congreso en la que debía votarse una moción de vacancia en su contra.
Tras el anuncio de Castillo, el Congreso terminó declarando la vacancia del presidente por “incapacidad moral”, es decir, su destitución, con 101 votos a favor, y decretó que asuma la presidencia la vicepresidenta Dina Boluarte.
Según informan medios locales, Castillo se presentó después ante la prefectura de la Policía Nacional de Perú (PNP), donde fue puesto bajo custodia.
La PNP confirmó en su cuenta de Twitter que Castillo se encuentra detenido.”Dando cumplimiento a nuestras facultades y atribuciones descritas en el art. 5 de D.L n.° 1267 Ley la Policía Nacional del Perú, efectivos PNP intervienen al expresidente Pedro Castillo”, informó la institución en un tuit que luego fue borrado.
Posteriormente, Dina Boluarte juró como nueva presidenta de la República, la primera mujer en ocupar el cargo en Perú.En su primer mensaje a la nación, rechazó el “intento de golpe de Estado” por parte de Castillo el cual, dijo, “no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle”.
“Solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional. Esta alta responsabilidad debe ser asumida por todas y por todos”, aseguró.
“Nos corresponde conversar, dialogar, ponernos de acuerdo, algo tan sencillo como impracticable en los últimos meses. Convoco por ello a un amplio proceso de dialogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso”.
Boluarte anunció que su primera medida es iniciar un combate a la corrupción en las instituciones del Estado para lo cual pidió el apoyo de la Fiscalía de la Nación y la Procuraduría para “ingresar sin medias tintas a las instituciones corrompidas”.
