Santo Domingo, República Dominicana.- El Poder Judicial dominicano extenderá su Sistema de Gestión de Casos (SGC) en las jurisdicciones penal e inmobiliaria, iniciativa que ya se está implementando y automatiza las operaciones internas y servicios en las jurisdicciones civil, comercial, laboral, contencioso administrativa y contencioso tributaria.
Esa tecnología elimina más de trece sistemas que para su gestión interna utilizaban todos los tribunales del Poder Judicial a nivel nacional, constituyéndose en la plataforma única e integral para todas las instancias, materias y asuntos de la gestión judicial.
La República Dominicana es uno de los pocos países de la región que tiene un Poder Judicial con plataforma multimateria para la gestión interna de todos sus tribunales.
El citado sistema se soporta de la Ley 339-22 de Uso de Medios Digitales y su reglamento de aplicación, instrumentos legales que se han constituido en el puente entre la justicia del pasado y el futuro de la justicia.
El Sistema de Gestión de Casos (SGC) comprende una compleja infraestructura tecnológica que estandariza y soporta las distintas tareas que realizan los servidores judiciales, desde la recepción de solicitudes, su digitalización, asignación, calendarización de audiencias, hasta la emisión de la decisión final.
Facilita el seguimiento y monitoreo de la actividad de los tribunales, a través de un sistema de integridad y transparencia que hace posible el fortalecimiento del servicio judicial, poniendo a disposición de la ciudadanía tableros de control y monitoreo en línea.
El mismo permite saber con certeza los casos asignados a cada juez o jueza, y el índice de respuesta del tribunal, lo que permite una mejor gestión del trabajo de cada servidor judicial, para vencer de manera definitiva la mora judicial.
A su vez, permite el seguimiento y trazabilidad de cada caso, incorporando las funcionalidades de seguimiento de solicitudes, audiencias, decisiones y actuaciones secretariales, con lo cual se optimizan los procesos de los tribunales.
Este sistema, desarrollado por el Poder Judicial con recursos propios, fue ya implementado en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Administrativo, todos los tribunales de materia civil y comercial a nivel nacional, así como en todas las instancias de la jurisdicción laboral y, de manera gradual, será desplegado en los tribunales que conocen las materias inmobiliaria y penal.