RT.- Miles de brasileños salieron a las calles de diferentes ciudades del país en protesta al asalto perpetrado el domingo por bolsonaristas radicales contra las sedes de los tres poderes en Brasilia y mostrar su apoyo al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Los manifestantes exigieron represalias para los participantes del mayor ataque contra la democracia desde el fin de la dictadura en Brasil.
«Golpistas encarcelados», «Democracia siempre» o «Abajo el vandalismo fascistas» fueron algunos de los eslóganes que enarbolaron.
El lunes por la tarde, tras la reunión de urgencia que convocó con los gobernadores, el mandatario abandonó el Palacio de Planalto y simbólicamente caminó con todas las autoridades hasta el Supremo Tribunal Federal (STF).
Lula aseguró que los criminales pagarán por los actos golpistas y los destrozos provocados en el Palacio de Planalto, en el Congreso y en el STF.
«No vamos a dejar que la democracia se nos escape de las manos, porque es la única oportunidad que tenemos de garantizar que la gente humilde llegue a comer tres veces al día, o tenga derecho a trabajar», aseveró.
Y continuó: «Lo que quieren es un golpe de Estado y no habrá golpe de Estado».
Los bolsonaristas radicales llevaban acampados frente al cuartel del Ejército desde octubre en protesta por la victoria de Lula, muchos de ellos movidos por consignas golpistas.
«Estaban frente a los cuarteles ¿qué reivindicaban? ¿un aumento de salario, más libertades, vivienda? No, solo el golpe», subrayó el presidente, quien afirmó que «lo que pasó estaba previsto». «Las personas en las calles y frente a los cuarteles no tenían agenda ni reivindicaciones», sentenció.
Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, confirmó que 1.500 personas han sido detenidas, que se identificó en diez estados a los responsables de los actos de vandalismo y que muchas de las empresas implicadas están ligadas al agronegocio.
Dino destacó que todavía no es posible «distinguir claramente» las responsabilidades sobre la financiación, pero lo que «sí se puede afirmar es que hubo financiamiento».
Sin nombrar directamente al expresidente Jair Bolsonaro, el ministro comentó: «Las palabras tienen poder y esas palabras se convirtieron en odio y destrucción hay personas, líderes políticos, que son los responsables del discurso de odio y destrucción que vimos ayer en la sede de los tres poderes con miras a un golpe de Estado».
La Abogacía General de la Unión (AGU) identificó a más de 100 empresas –muchas con sede en Mato Grosso y Santa Catarina– sospechosas de haber financiado el ataque golpista. El dinero se utilizó para pagar los autobuses que transportaron a los bolsonaristas y para ayudar a las personas a permanecer acampadas frente al Cuartel General del Ejército.
