RT. El Gobierno de EE.UU. denunció este lunes «tratos inhumanos» en las cárceles de El Salvador y un «empeoramiento de la situación en las prisiones» de ese país.
En su informe anual sobre Derechos Humanos de 2022, el Departamento de Estado norteamericano señaló que las condiciones de detención «empeoraron» durante el estado de excepción que rige en la nación centroamericana, lo que ha derivado en denuncias de «condiciones sanitarias inadecuadas, escasez de comida y ataques físicos».
«Más de 52.000 personas fueron arrestadas durante los primeros seis meses del estado de excepción, llevando a denuncias de hacinamiento y tratos inhumanos en las prisiones», dice el documento difundido este 20 de marzo.
«Numerosos informes de arrestos arbitrarios, invasión de hogares, procedimientos judiciales injustos y muertes de detenidos siguieron tras la declaración», afirma el Gobierno estadounidense en el informe.
En la Sección 1, un reporte sobre el respeto a la integridad de las personas, el Departamento de Estado responsabiliza al Gobierno de Nayib Bukele «o sus agentes», quienes, de acuerdo a «informes», cometieron homicidios arbitrarios o ilegales, que «en gran parte derivaron en la muerte de detenidos mientras estaban en prisión durante el estado de excepción».
La Casa Blanca también da cuenta de la «privación arbitraria de la vida y otros homicidios ilegítimos o por motivos políticos» en El Salvador.
El 27 marzo de 2022, el presidente Nayib Bukele declaró un régimen de excepción como parte de su política de «combate a las pandillas», a las que responsabilizó de la oleada de violencia luego de la escandalosa cifra de 87 homicidios en un fin de semana.
Ahora, amparado en los «resultados», el Gobierno busca que la Asamblea Nacional apruebe la ampliación de la controvertida medida que está a punto de cumplir el plazo de un año. El ministro de Defensa, René Francis Merino, precisó la semana pasada que durante el período de implementación del régimen de excepción se han registrado 215 días con cero homicidios.
Sin embargo, diversas organizaciones de derechos humanos han reclamado que durante los primeros 10 meses del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad cometieron más de 4.564 abusos contra la población.
