De acuerdo con el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, las cifras son preocupantes porque el número de migrantes irregulares va en aumento y con ello los riesgos a que se exponen en la jungla fronteriza con Colombia.
Los niños son una de las poblaciones más vulnerables, sobre todo si tenemos en cuenta que unos mil 119 viajaron sin compañía o separados de sus familias, y por tanto se exponen a situaciones de violencia sexual, trabajo infantil, mendicidad, así como trata y tráfico, agregó.
Más del 50 por ciento de esos infantes tienen de cero a cinco años de edad, lo que vuelve esta situación aún más urgente, indicó.
En la jornada se presentó en esta capital el Informe Defensorial sobre la Situación de Derechos Humanos de la Niñez y Adolescencia en movilidad humana y en Zonas de Frontera de Panamá.
Se trata de un estudio conjunto de la Defensoría del Pueblo con las Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
En el informe se solicita la colaboración de diferentes organismos multilaterales e instituciones gubernamentales sobre la base de recomendaciones de lo observado en ocho meses de investigación.
Leblanc comentó que es trabajo de todos, porque la migración no va a terminar, y señalo que un esfuerzo similar se hace con diferentes países para poder mejorar en un futuro la seguridad y la protección en desastres naturales y cambio climático.
El año pasado cruzaron el Tapón del Darién 248 mil 284 personas, sobre todo de nacionalidad venezolana, ecuatoriana y haitiana- entre ellas centenares de menores de edad, lo que representa un auge de 85,6 por ciento en relación con el 2021
El Gobierno panameño ha insistido en foros regionales en compartir la responsabilidad sobre la migración irregular entre las naciones de origen, tránsito y destino, sobre todo Estados Unidos.
Para el Ejecutivo es clave desestimular las rutas irregulares y tener un compromiso entre los Estados de luchar contra el crimen organizado que ronda este flagelo.
