Santo Domingo, República Dominicana.-La Asamblea General de Participación Ciudadana reiteró su llamado a las fuerzas políticas del país y a la ciudadanía en general a comprometerse con el fortalecimiento del sistema democrático y prepararse para celebrar el próximo año unas elecciones ejemplares, que sean un orgullo para los dominicanos y dominicanas.
Indicaron que la recién promulgada Ley Electoral 20/23, lamentablemente, no ha llenado sus expectativas en cuanto a control de los gastos de campaña, transparencia de los partidos y candidatos, paridad de género y sanciones, entre otros avances por los que han luchado.
“Pero eso no es obstáculo para que nos pongamos de acuerdo y dejemos atrás las viejas e insanas prácticas que por décadas han caracterizado la actividad político electoral”, puntualizaron.
Participación Ciudadana exhortó a los partidos políticos a respetar los plazos de campaña, evitar la corrupción y la excesiva propaganda gubernamental, mayor rendición de cuentas, lograr candidaturas con más equidad de género y que sean representativas de los mejores valores del país, para cuyo logro existe el marco jurídico y el apoyo ciudadano.
El movimiento cívico además señaló que, aunque el presidente Abinader no se ha pronunciado al respecto, todo parece indicar que se encamina a presentarse a la reelección. Está en su legítimo derecho, según la Constitución. Lo que sí les preocupa es que, para lograrlo, recurra a la vieja práctica del uso de recursos del Estado, factor que en el pasado ha hecho mucho daño y ha propiciado el desbordamiento de la corrupción.
“Ya existe mucha publicidad estatal sin ningún propósito educativo, sólo la promoción de la figura presidencial. Por otro lado, se están repitiendo las viejas denuncias de todos los procesos electorales sobre compras de opositores, práctica deleznable que esperamos no se repita porque, además de ser un mal mensaje a la población, generalmente significa un compromiso oneroso de los recursos públicos”, puntualizaron en nota de prensa.
Otro factor que preocupa al movimiento cívico y sobre el cual llamaron la atención, es el contenido vacío del discurso de los partidos y posibles candidatos. Señalando que es una pena que, una vez más se desperdicie la oportunidad de educar en democracia, debatiendo los problemas nacionales en un ambiente que permita al electorado diferenciar propuestas y elegir en base a sus preferencias.
Las descalificaciones que dominan los discursos políticos, no aluden a principios y valores éticos, o a propuestas claras de solución a los problemas sociales y económicos. Por el contrario, se tratan de mensajes intrascendentes, poco comprometidos, excesivamente conservadores y carentes de contenido programático.
Otro aspecto importante para la institución social es la pretensión de imponer las cuotas correspondientes a las mujeres sobre la base de una lista nacional, lo cual fue introducido en la nueva ley electoral, a sabiendas de que es, no solo injusto, sino también inconstitucional.
Recordemos que la Junta Central Electoral dictaminó que las cuotas de candidaturas de mujeres tenían que ser por demarcación electoral, como lo establecieron las sentencias 85-2019 y 91-2019 del Tribunal Superior Electoral, ratificadas posteriormente por la Sentencia TC/0104/20 del Tribunal Constitucional. Desde ahora advirtieron que la JCE está obligada a mantener su decisión anterior y cumplir con las decisiones de los tribunales Constitucional y Electoral.
Participación Ciudadana ya está preparada para iniciar su labor de incidencia en todo el proceso electoral, desde ahora hasta las elecciones del 2024, siempre con el propósito de contribuir a la construcción de una democracia fuerte, asentada sobre la base de los más elevados valores que sostienen la nación.
En este 2023, Participación Ciudadana dará seguimiento permanente y apoyo al Ministerio Público en todos los casos iniciados y pendientes para castigar la corrupción y erradicar la impunidad. Justo en medio de nuestra asamblea anual nos enteramos del inicio del proceso de sometimiento a la justicia de otro grupo de ex funcionarios y personas involucradas en el más grande caso de corrupción que se haya conocido en el país.
El denominado Caso Calamar se suma a varios que ya cursan en los tribunales. Reiteramos nuestras expectativas de que, tal como lo está haciendo el Ministerio Publico, los tribunales se comporten a la altura que ameritan los tiempos y la corrupción sea al fin castigada en República Dominicana.
