SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El procurador adjunto Wilson Camacho señaló que la estructura de corrupción elaborada por los implicados en Operación Calamar, en su accionar, afecto tanto los intereses del Estado dominicano como los de origen privado.
“Esta estructura de corrupción ha afectado tanto intereses públicos como intereses privados. Esos intereses privados se han acercado al tribunal con la intención de ser parte del proceso, que es algo a lo que ellos tienen derecho. A eso fines han estado depositando querellas, en los últimos días en el tribunal, incluso, se depositaron querellas en el día de hoy. Eso motivó el aplazamiento de esta audiencia, porque esas querellas deben ser notificadas a las contrapartes”, explic.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), indicó que han sido depositadas unas cinco querellas, las cuales están dirigidas a la mayoría de los procesados y explicó que esas personas que se querellaron pidieron que les fuera notificado a las partes y a esos fines la audiencia fue aplazada.
“Las querellas giran alrededor de las expropiaciones, sobre todo, porque hay personas que entienden que este entramado les afectó sus intereses y por esa razón está acudiendo al tribunal”,sostuvo el titular de la Pepca.
El expediente acusatorio del Ministerio Público posee más de tres mil páginas y más de 1,200 elementos de pruebas, las cuales detallan cómo los miembros de esta red sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado, los cuales sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas totalizan más de 19 mil millones.
Entre los que los imputados por el órgano de justicia se encuentran, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.
También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
