SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La jueza Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, continúa este lunes con el conocimiento de la solicitud de medida de coerción a los implicados en el expediente de corrupción denominado Operración Calamar.
El Ministerio Público ha solicitado la imposición de 18 meses de prisión para varios de los imputados en «este entramado corrupto», entre ellos los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta y de Obras Públicas Gonzalo Castillo.
También el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
De los 20 señalados en el expediente presentado por el Ministerio Público, también están acusados Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández de Paola, Oscar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación, quienes admitieron su participación en esta estructura de corrupción desarticulada en la Operación Calamar, entre otros, según el Ministerio Público.
El Ministerio Público
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, expresó que han mostrado elementos más que suficientes para que el tribunal imponga prisión preventiva como medida de coerción a los imputados.
“En esta solicitud de medida de coerción hay varias razones para que se imponga prisión preventiva, algunas de esas razones están vinculadas a la gravedad de los hechos, a los daños que deben ser resarcidos y de hecho, están vinculadas a evidencias con que cuenta el Ministerio Público, que fueron ocupadas en los allanamientos, de que varios de los imputados infiltraron la investigación del Ministerio Público y mostraron la intención de afectar la investigación, incluso, realizando actividades de perfilamiento de jueces, como fue expuesto en el tribunal», agregó Camacho.
Añadió que estas y otras razones que hemos presentado en el proceso, son más que suficientes, unido a las pruebas, para que en este proceso se dicte prisión preventiva con relación a las personas que el Ministerio Público las ha solicitado”, dijo Camacho.
“La razón principal por la que la audiencia no ha culminado en el día de hoy (domingo) y ha tenido que posponerse para mañana (lunes), es que las defensas que hoy expusieron se han comportado como drones, se han mantenido sobrevolando sin aterrizar en el caso”, sostuvo Camacho, quien habló a la prensa a su salida de la audiencia celebrada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
El procurador adjunto destacó el grado de evasivas planteadas por las defensas, al indicar que las mismas deberían estar reguladas por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC)
El expediente presentado por el Ministerio Público posee más de tres mil páginas y más de 1,200 elementos de pruebas, las cuales detallan cómo los miembros de esta red sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado, los cuales sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas totalizan más de 19 mil millones.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.
También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
