(EFE).- Francia está hoy pendiente del dictamen de los nueve miembros del Consejo Constitucional que, a partir de las 17:30 hora local (15:30 GMT), dictaminará si valida -total o parcialmente- o censura la impopular reforma de las pensiones que eleva la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años.
El esperado dictamen sucede un día después de la duodécima jornada de protestas contra la reforma, que atrajo a menos manifestantes que en las anteriores, aunque siguió contando con multitudes en las calles.
En ese clima de tensión social y política, que dura ya meses, el Consejo Constitucional deberá determinar si la reforma cumple con los principios de la Carta Magna francesa. La presión es tal que alrededor del número 2 de la rue Montpensier se ha desplegado un cordón policial para evitar posibles disturbios.
Además de esa peliaguda evaluación constitucional, el organismo presidido por el exprimer ministro socialista Laurent Fabius (1984-1986) se pronunciará también acerca de si procede o no la convocatoria de un Referéndum de Iniciativa Popular (RIP) precisamente sobre la reforma de las pensiones.
En caso de que los “sabios” del Consejo no vean peros, el camino para que ese RIP vea la luz sería todavía largo. Sus promotores (todos los partidos de izquierda) tendrían nueve meses para conseguir el apoyo del 10 % del cuerpo electoral (unas 4,88 millones de firmas).
Si lo lograsen, las dos cámaras legislativas -la Asamblea Nacional y el Senado- deberían también examinar el texto en un plazo de seis meses. Desde que se incorporase a la Constitución en 2008, bajo el mandato de Nicolas Sarkozy, ningún Referéndum de Iniciativa Popular ha reunido las condiciones para llevarse a cabo.
Los sindicatos franceses esperan que el Consejo Constitucional censure total o parcialmente hoy la polémica reforma de pensiones del Gobierno de Emmanuel Macron, pero prometen mantener la “combatividad” social en cualquier caso, mientras el Ejecutivo asegura que su prioridad es “apaciguar” las aguas.
“Esta ley está empañada por una serie de fallos jurídicos, democráticos y sociales”, recalcó Sophie Binet, secretaria general de la CGT francesa, en declaraciones a la prensa desde un acto de su sindicato en la región metropolitana de Lille.
A horas de que el Consejo Constitucional se exprese sobre la adecuación o no de la ley a la Carta Magna francesa, Binet explicó que, en función de la decisión, el conjunto de los sindicatos decidirán unidos “llamar a nuevas acciones” de movilización, como las que se vienen dando desde enero.
En cualquier caso, precisó, el espíritu es de “combatividad y determinación”.
