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Abogados de mayor general Cáceres pide anulen proceso en su contra

Revision coercion Adan Cacers
Revision coercion Adan Cacers
El Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional deberá decidir si envía a juicio de fondo a Cáceres Silvestre y los otros imputados por los delitos de estafa contra el Estado dominicano, entre otros delitos.

Santo Domingo, 8 may (EFE).- La defensa del mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre, presunto cabecilla del entramado de corrupción conocido como caso Coral, solicitó este lunes al Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional declarar nulo el proceso en contra del oficial, tras denunciar irregularidades.

Los abogados del que fuera responsable del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) durante la gestión de Danilo Medina hicieron el planteamiento al concluir la exposición de defensa de su cliente en la audiencia que se sigue a los imputados en el citado caso.

El Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional deberá decidir si envía a juicio de fondo a Cáceres Silvestre y los otros imputados por los delitos de estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y lavado de activos provenientes de actos de corrupción.

El proceso en contra del exfuncionario ha sido objeto de «violaciones sistemáticas», afirmó Romel Jiménez, quien forma parte de la defensa del mayor general, quien, además, fue arrestado sin haber sido citado previamente, según el letrado.

Jiménez tildó de «arbitraria» la investigación realizada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en contra de su defendido, actualmente en arresto domiciliario tras 18 meses en la cárcel de Najayo.

De acuerdo con las investigaciones, el Cusep y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) incluían en sus nóminas a personas que no prestaban servicio, pero cobraban, aunque en realidad el dinero terminaba en manos de los altos mandos.

Por este caso, el Ministerio Público presentó cargos contra 48 personas (30 físicas y 18 jurídicas), quienes son procesadas por presuntamente defraudar al Estado dominicano por más de 4,000 millones de pesos.

El supuesto entramado de corrupción operó también en el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

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