A través del Departamento de Trata y Tráfico de Personas, que dirige el fiscal Juan Osvaldo García, la Fiscalía desplegó una amplia labor de inteligencia, a los fines de determinar el modus operandi, contactos, potenciales implicados y características de las víctimas, descubriendo que se trataba de una estructura, dirigida por el imputado Franklin Agustín.
La red reclutaba menores de edad en Haití y bajo la promesa de una mejor vida, los traía al país para luego obligarlos a mendigar en distintos puntos de Santiago, y lucrarse con lo recolectado por las víctimas.
En la instancia de solicitud de medidas de coerción, el Ministerio Público identificó a unas seis víctimas, con edades entre 9 y 15 años, a quienes Agustín obligaba a pedir dinero a fin de que pagaran una cuota diaria para el alojamiento, comida y su permanencia en el país.
Indica la Fiscalía de Santiago que las víctimas debían reunir la cantidad de dinero que especificaba el imputado, quien los amenazaba y hostigaba.
El imputado les entregaba un pedazo de cartón con un mensaje pidiendo dinero para comer.
Este órgano persecutor depositó pruebas en las que consta que una de las víctimas, de 9 años de edad, se encuentra en condiciones delicadas, recibiendo atenciones médicas, luego de haber sido atropellado por un vehículo en momentos en que pedía limosnas en una intersección de la ciudad, a donde el imputado le dejó solo.
«La mendicidad forzosa a la cual estaban sometidas las víctimas, constituye un agravio a la dignidad humana de estos menores que, además de que estaban en un inminente peligro para sus vidas, al estar expuestos en las calles, los despojaba de la posibilidad de educarse, desarrollarse y crecer sanamente, ya que mendigar los convierte en dependientes de la buena voluntad de las personas», expone el Ministerio Público en la solicitud.
La calificación jurídica otorgada al proceso, de manera provisional, está descrita en los artículos 1 y 3 de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
