Santo Domingo – El Banco Central de la República Dominicana ha implementado una serie de medidas monetarias con el objetivo de reactivar la economía del país. Estas medidas han sido elogiadas por el presidente y director ejecutivo de la Fundación Economía y Desarrollo, Andy Dauhajre, quien destacó la consistencia y efectividad de la política adoptada por la entidad financiera a lo largo de los años.
Dauhajre expresó su aprobación por la decisión de inyectar 94 mil millones a una tasa del 9% para reactivar la economía, considerándolo un impulso necesario en un periodo donde, de enero a abril, el crecimiento económico apenas alcanzó el 1.2%.
En conversación con el periodista Rafael Núñez, el economista enfatizó que el BCRD tiene una credibilidad indiscutible y que con su acertado manejo económico, podría reactivarse la economía en solo dos meses.
Con respecto a la Ley de Seguridad Social, Dauhajre tiene una posición clara: no está de acuerdo con el informe de la comisión bicameral. Él considera que este informe tiene la intención de eliminar gradualmente la capitalización individual que se inició hace 20 años y reemplazarla por un sistema de reparto insostenible financieramente.
Dauhajre argumenta que el modelo de reparto propuesto por la comisión bicameral asegura una pensión (tasa de reemplazo) equivalente al 70% del promedio de los últimos 12 salarios a un trabajador que haya cotizado durante 20 años y decida retirarse a los 55 años, una promesa que, en su opinión, es insostenible.
Para Dauhajre, la reforma debe buscar un mecanismo para incrementar gradualmente la cotización hasta alcanzar un 15%, aumentar a 65 años la edad de retiro y revisar las comisiones del sistema.
Andy Dauhajre opina que el origen del déficit reside en la decisión de mantener un sistema tributario ineficiente, con una baja cantidad de recaudación. Según él, los políticos han estado bajo la presión constante de gastar e invertir, lo que ha originado un déficit.
Dauhajre señala que, en los países en desarrollo, las necesidades de recursos del Gobierno para cumplir con sus responsabilidades administrativas y regulatorias, financiar el gasto social y ejecutar los proyectos de inversión pública, son de aproximadamente el 20% del PIB.
