(BBC Mundo).-Es una de las líderes más populares entre la oposición venezolana.
La Contraloría General de Venezuela (CGR) informó que inhabilitó a la exdiputada opositora María Corina Machado para postularse a cargos de elección popular durante un plazo de 15 años.
Machado figura en las encuestas como una de las favoritas para ganar las elecciones primarias con las que la oposición venezolana escogerá a su candidato presidencial para los comicios de 2024.
La información sobre la inhabilitación fue conocida este viernes a través de una carta que la CGR envió al diputado José Brito, miembro de la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo.
El legislador había consultado esta semana a la CGR acerca del estatus de una inhabilitación impuesta a Machado en 2015 y reveló, tras recibir la respuesta de ese organismo, que la sanción se había extendido por el plazo de 15 años.
Esto se debe a que, supuestamente, Machado respaldó las sanciones de EE.UU. contra el gobierno de Nicolás Maduro y apoyó la presidencia interina del exdiputado Juan Guaidó.
En principio, la prohibición de participar en los comicios impuesta en 2015 por la CGR era de 12 meses, a razón de que no había incluido en su declaración patrimonial unos bonos que recibía siendo diputada, algo que ella niega.
De 55 años de edad, sobre la política pesa desde hace nueve años una prohibición de salida del país.
Obstáculos electoralesEn un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Machado rechazó tajantemente el anuncio y dijo que la inhabilitación era “inútil”.
“[La inhabilitación] sólo demuestra que el régimen sabe que ya está derrotado. Ahora votaremos con más fuerza, más rebeldía y más ganas en las primarias. Aquí quién habilita es el pueblo de Venezuela. Hasta el final es hasta el final”, escribió.
Durante los últimos meses, Machado ha encabezado las encuestas de opinión de cara a las elecciones primarias previstas para el 22 de octubre y en las que competirán otros 13 aspirantes, incluyendo el excandidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, quien también fue inhabilitado en 2017 para ocupar cargos de elección popular por un plazo de 15 años.
Capriles manifestó su solidaridad con Machado, calificando la medida de la CGR como «inconstitucional, infundada y vergonzosa».
«Rechazamos categóricamente esta nueva muestra del rumbo antidemocrático de Maduro y su régimen. ¡No van a lograr quitarle la esperanza a los venezolanos de un cambio para tener un mejor país!», escribió en su cuenta de Twitter.
Las inhabilitaciones son uno de los temas que la oposición quiere discutir con el gobierno en la mesa de negociaciones que fue puesta en marcha en México, pero que desde noviembre pasado se encuentra estancada.
En ese escenario, el gobierno de Maduro busca librarse de las sanciones internacionales en su contra y la oposición intenta garantizar condiciones para unas elecciones libres y justas en Venezuela.
Las inhabilitaciones no impiden a las opositores participar en las primarias, pero sí podrían impedir su inscripción como candidatos ante el Consejo Nacional Electoral.
Al conocerse el anuncio, tanto analistas independientes como dirigentes opositores compararon la decisión con las medidas tomadas por las autoridades en Nicaragua que, en la práctica, impidieron que los líderes de la oposición le disputaran la presidencia al mandatario Daniel Ortega.
Por ejemplo, el exdiputado y expresidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó rechazó la sanción contra Machado y afirmó que «Maduro asume el camino Nicaragua», en un mensaje publicado también en su cuenta en Twitter.
«Así pretende el dictador seguir aferrado al poder, persiguiendo e inhabilitando a la alternativa democrática», agregó.
Por su parte, el abogado José Ignacio Hernández, experto en Derecho Administrativo y Constitucional, recordó que hay precedentes jurídicos en contra de este tipo de sanción.
“La decisión ilegítima de la Contraloría General de la República sobre la ‘inhabilitación’ de María Corina Machado es inconstitucional y violatoria a los derechos humanos. La Corte Interamericana así lo ha establecido en dos sentencias, casos [del opositor venezolano] Leopoldo López y [del presidente colombiano] Gustavo Petro”, señaló en un mensaje de Twitter.
Esa posición fue compartida por el propio Petro.
“Ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos a ningún ciudadano”, escribió el mandatario de Colombia al ser consultado sobre el tema por Twitter.
