RT.-El brote de dengue en Perú, que por ahora ha dejado al menos 200 muertos y más de 130.000 casos infectados, está agravando la crisis política y social que vive el país andino desde hace meses.
El despiadado avance de la epidemia añade presión al sistema de salud pública y ha convertido a la titular de la cartera sanitaria, Rosa Gutiérrez, en una de las más cuestionadas del gobierno de la presidenta interina, Dina Boluarte.
Este sábado, Gutiérrez descartó de nuevo dimitir ante las constantes críticas a su gestión, a no ser que lo decida la presidenta, y dijo que la crisis del dengue es un por problema «integral».
«Voy a seguir trabajando»
«La salud pública no solo es tarea del Ministerio de Salud y de la ministra de Salud, entiéndase bien y que se subraye eso. La tarea es conjunta, donde tienen que participar todos los sectores», declaró en entrevista a Canal N.
«Si no hay agua, tiene que entrar Vivienda. Para tener colegios seguros, tiene que entrar Educación. Tiene que entrar el Ministerio de Trabajo con un trabajo intenso en todo el país con estructuras que transformen la gestión en salud», agregó.
La semana pasada, legisladores de diversas bancadas llamaron a una interpelación de la ministra para que responda por esta nueva crisis, lo cual podría derivar en su destitución.
Según la Defensoría del Pueblo, hasta el pasado jueves había 203 muertos, entre casos confirmados y sospechosos, de dengue. La mayoría entre Piura (64), Lambayeque (47) e Ica (35).
«Voy a seguir trabajando (…). Voy a seguir adelante, dar toda mi en energía para sacar a la salud por delante y hacer cambios estructurales, que requiere nuestro sector», advirtió la ministra.
Un gobierno en crisis permanente
La del dengue es la más reciente crisis que vive el gobierno de Boluarte, que ya nació con oposición en las calles.
La mandataria asumió de manera interina en diciembre de 2022, tras la destitución y encarcelamiento del expresidente izquierdista Pedro Castillo.
Desde entonces, gobierna en medio del rechazo generalizado, que incluso ha llegado al 80 % y que provocó en sus primeros meses una gran cantidad de manifestaciones pidiendo la vuelta de Castillo, su renuncia y la convocatoria a nuevas elecciones.
La violenta represión a las protestas dejó al menos 67 muertes entre diciembre y febrero, de las cuales 49 han sido señaladas por organismos internacionales por haberse producido en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del Estado.
A principios de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que la violenta represión a las movilizaciones incurrió en graves violaciones y concluyó entre otras cosas que las muertes en la región de Ayacucho pueden encuadrarse en «ejecuciones extrajudiciales».
Por estos hechos, Boluarte es investigada preliminarmente por el Ministerio Público bajo el delito de presunto homicidio calificado.
El martes pasado, acudió a declarar ante el ente acusador, pero no contestó las preguntas de las víctimas y aseveró que se había enterado de las muertes por la prensa, según fuentes reseñadas por medios locales.
En medio del eco de las protestas, Perú afrontó meses después una calamidad meteorológica: el paso del ciclón Yaku, que produjo intensas lluvias en el país latinoamericano, particularmente en la zona norte.
En total, unas 73 personas perdieron la vida y más de 30.000 quedaron damnificadas por este fenómeno.
