Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó el cierre de un total de 27 comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social (RAS) debido a su participación en un fraude relacionado con las tarjetas de ayudas sociales otorgadas por el gobierno.
El director de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, explicó que la entidad llevó a cabo varios operativos en diferentes lugares del país, los cuales revelaron estas irregularidades. Como medida cautelar, se ha ordenado la suspensión inmediata de las actividades comerciales de estos establecimientos.
Estos operativos se llevaron a cabo en cumplimiento de un acuerdo reciente entre Pro Consumidor y la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), con el objetivo de inspeccionar, fiscalizar y sancionar a los comercios de la Red de Abastecimiento Social que incurran en malas prácticas comerciales perjudiciales para las personas que se benefician de los programas sociales del Estado.
Alcántara señaló que los operativos y los cierres de los establecimientos comerciales se realizaron en respuesta a las constantes denuncias y reclamaciones recibidas por parte de los afectados, que fueron presentadas a ADESS.
Según Alcántara, entre el 1 de marzo y el 2 de abril de 2023, ADESS recibió denuncias de beneficiarios del plan de subsidios sociales relacionadas con el no reconocimiento de los consumos realizados en estos establecimientos. Además, dijo que se pudo evidenciar que, de manera fraudulenta, se descontaron montos acreditados por la Administradora de Subsidios Sociales a los denunciantes durante el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2022 y el 28 de febrero de 2023.
Los establecimientos cerrados se encontraban principalmente en las provincias de San Juan, Santo Domingo, Bahoruco, Barahona, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Distrito Nacional y otras. Alcántara aseguró que estos operativos continuarán para proteger los derechos de los consumidores beneficiarios de las ayudas sociales y prevenir futuros fraudes.
«Estas jornadas de inspección serán permanentes, y los comercios que sean encontrados cometiendo estas irregularidades serán cerrados de acuerdo con lo establecido en la Ley 358-05 de Protección al Consumidor», dijo Alcántara.
El director de Pro Consumidor destacó que esta acción tiene como objetivo proteger a los consumidores beneficiarios de este tipo de ayuda social, de la cual el gobierno destina mensualmente más de tres mil millones de pesos.
