Santo Domingo.-El economista y miembro de la Fuerza del Pueblo (FP), Ysrael Abreu, aseguró que el proyecto de ley que instaura un tratamiento especial transitorio de fiscalización, gestión y recuperación de deuda tributaria, actualmente en el Congreso, tiene fines electoreros y afirmó que los más favorecidos serán los dueños de bancas de apuestas.
Entrevistado en el programa Tra en Vivo, que se transmite de lunes a viernes por Teleradio América, canal 12/45, Abreu afirmó que en ese proyecto, sometido por el Poder Ejecutivo existen intereses particulares, a pesar de que muchos contribuyentes serán favorecido.
Manifestó que el centro de esa iniciativa de ley, que él denomina «una amnistía fiscal», es eximir del pago de impuestos a los empresarios de bancas de apuesta, aunque con su aprobación el Gobierno recaudará 10 mil millones de pesos.
El también director de política pública del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) dijo, sin embargo, que no es contrario a las bancas de apuestas, porque la realidad es que producen miles de empleos, y eso no se puede revertir, pese a que no pagan ni siquiera el salario mínimo.
Recientemente, el ministro de Hacienda Jochy Vicente, acudió a una comisión especial en la Cámara de Diputados a explicar el alcance del proyecto de ley que instaura un tratamiento especial transitorio de fiscalización, gestión y recuperación de deuda tributaria, donde dijo que su objeto es dar una oportunidad a los contribuyentes para que regularicen su situación honrando sus deudas con la Dirección General de I puestos Internos (DGII).
Sobre la deuda
Ysrael Abreu, también se refirió a la deuda del Estado y calificó de complicada la situación económica de la República Dominicana.
Reveló que en la actualidad el país está pagando la mayor cantidad de dinero de su historia.
Abreu, quien aspira a diputado por la FP en el municipio Santo Domingo Este, criticó que el gobierno diga que la deuda externa está bajando y aseguró que la actual gestión es la que más préstamos ha cogido, de todos los tiempos.
Reveló que el gobierno se ha endeudado para pagar el gasto corriente, de la nómina, así como de pensiones y jubilaciones, recursos que no tienen retorno.
