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Organizaciones de defensa a comunidad haitiana denuncia política migratoria «racista» de RD

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Dicen que la política migratoria del actual Gobierno «viola la Constitución y la Ley de Migración.

(EFE), Santo Domingo, 26 jul.- Organizaciones de defensa de la comunidad haitiana en la República Dominicana reclamaron este miércoles a las autoridades el cese de la política migratoria «racista y violatoria de los derechos humanos» contra este colectivo.

La política migratoria del actual Gobierno «viola la Constitución, la Ley de Migración, los convenios internacionales en materia migratoria y el protocolo binacional de mecanismos de repatriación», aseguraron en un comunicado leído en rueda de prensa.

Las autoridades migratorias «siguen ensañándose» contra la comunidad haitiana, especialmente contra embarazadas y lactantes, menores de edad y envejecientes, afirmaron.

Agregaron que, «independientemente de que tengan o no su documentación migratoria en regla, se detiene y mantiene a centenares de personas detenidas sin derecho a la defensa legal en el centro de detención de Haina, que no cuenta con las condiciones mínimas de salubridad para albergar a seres humanos y que se ha convertido en uno de los mayores centros de corrupción del país».

Pusieron de ejemplo un caso de la policlínica de Higüey, donde agentes de migración ingresaron «buscando y cazando cubículo por cubículo a mujeres en consulta prenatal».

«Esta situación es un indicio que estamos avanzando en una especie de apartheid, ya que el modus operandi afecta a todas las poblaciones negras, pobres o en situación de vulnerabilidad», apuntaron las agrupaciones, que acusaron a las autoridades de manipular el número de haitianos residentes en el país, que cifran en cientos de miles, y sobre todo la cantidad de haitianas que dan a luz en territorio dominicano.

El documento fue firmado por veinticuatro organizaciones sociales, entre ellas el colectivo #Haitianos-RD, el Movimiento Reconocido y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), que consideraron que en un Estado de derecho y una sociedad democrática «dichas acciones no pueden ser permitidas, ya que laceran la base de toda norma o instrumento legal».

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