París, 29 ago (.). – El sector turístico francés está registrando buenos resultados este verano y se espera que los ingresos por turismo internacional alcancen la cifra récord de entre 64.000 y 67.000 millones de euros en 2023.
La ministra de Turismo, Olivia Gregoire, declaró este martes a la prensa que «Francia sigue siendo el primer destino turístico» y ofreció un primer balance de una temporada estival «muy fuerte».
Gregoire subrayó que los ingresos del turismo internacional en 2022, 58.000 millones de euros, superarían los de 2019, último año antes de la crisis del coronavirus, que ya eran superiores en 1.200 millones de euros.
Si todo va bien hasta finales de año, se esperan entre 78 y 80 millones de visitantes extranjeros en 2023, frente a los 75 millones de 2022.
Los visitantes extranjeros han sido la «locomotora» del crecimiento este verano, con un aumento del 13% en julio y del 15% en agosto respecto al año pasado. Sin embargo, estas cifras siguen siendo un 17% y un 19% inferiores a las de 2019.
La ministra ha destacado que el número de pasajeros de largo recorrido ha subido un 29% respecto al año pasado, con los estadounidenses un 22% y los asiáticos un 119% (los japoneses un 140%).
A pesar del aumento de las llegadas asiáticas respecto a 2022, su número fue un 42% superior en julio y un 44% superior en agosto en comparación con los mismos meses de 2019.
En cuanto a los turistas europeos, que representan la mayor parte de los visitantes extranjeros, las principales nacionalidades son la alemana, seguida de la británica y la belga.
Según Gregoire, casi el 70% de los franceses se fueron de vacaciones, de los cuales el 88% se quedaron en Francia.
El aumento de los ingresos este año se debe en gran parte a la subida de los precios. El ingreso medio por noche es un 21,9% superior al de 2022.
El ministro advirtió contra los «excesos» constatados en los precios y apeló a la «responsabilidad de todos».
El ministro también indicó que se ha creado un órgano de control de los precios de los alquileres turísticos, con el objetivo de señalar las «prácticas engañosas» en las mismas plataformas publicitarias, y recordó que esto podría ser sancionado con una multa de hasta 300.000 euros y una pena de dos años de prisión.
