Ciudad de México (Proceso) – A pesar de la reducción de la pobreza durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, principalmente a través de programas sociales, la precaria situación en el mercado laboral durante esta administración provocó un aumento en la falta de
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en su último pronóstico de pobreza multidimensional, reporta que entre los componentes de la falta de acceso a la seguridad social, el principal reto es que 63.6% de las personas ocupadas carecieron de seguridad social a través de prestaciones laborales el año pasado.
Además, de acuerdo con el Coneval, la proporción de personas que carecen de acceso a servicios de salud pasó de 16.2% a 39.1% entre 2018 y 2022, lo que significa que el número de personas en esta situación pasó de 20.1 millones a 50.4 millones.
Estas cifras reflejan en gran medida los importantes rezagos en el mercado laboral provocados por los altos niveles de empleo informal. ‘El empleo informal es trabajar sin derechos laborales, en particular la imposibilidad de acceder a los servicios de salud y a otros mecanismos de protección social del sistema de seguridad social mexicano’. Nuestro modelo de seguridad social divide a la población en ‘derechohabientes’ y ‘no derechohabientes’ y condiciona el acceso a los servicios de salud al régimen laboral’, explica la organización Acción Ciudadana frente a la Pobreza.
‘Esta distinción es contradictoria y violatoria de los derechos humanos’, advierte la organización en su informe ‘El vaso laboral en México no está medio lleno, ni medio vacío: está roto’.
En este documento, publicado en mayo de 2023, el Centro de Análisis deja claro que la salud es un derecho humano y que no puede ser una “prestación laboral”.
Explica que en México, como en muchos otros países, “el modelo de seguridad social contributiva, que se basa en la condición laboral (tener un empleo y que el patrón cumpla con la afiliación obligatoria), deja excluida a más de la mitad de la población y genera una discriminación inaceptable, ya que en salud todos tienen derechos”.
No es casualidad que la “falta de acceso a la seguridad social” sea la mayor privación social en la medición de la pobreza en Conneval. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en junio de 2023 había 32.6 millones de personas con empleo informal y la tasa de informalidad era de 55.5% de la población ocupada.
Esto significa que más de la mitad de los mexicanos con empleo lo tienen de manera informal o precaria.
De acuerdo con el INEGI, la población ocupada en la informalidad incluye a quienes, por la naturaleza de la unidad económica en la que laboran sin traslapes, son vulnerables laboralmente y cuya fuente de empleo no es reconocida debido a los vínculos y dependencias laborales.
Así, además de la población que trabaja en microempresas no registradas y en el sector informal, también incluye otras formas similares, como los autoempleados en la agricultura de subsistencia y quienes trabajan sin seguridad social y cuyos servicios son utilizados por unidades económicas registradas. Sin embargo, la Coalición Ciudadana Frente a la Pobreza advierte que la realidad de los llamados “informales” es que no tienen acceso a los servicios de seguridad social en salud (IMSS, ISSSTE, etcétera), no tienen acceso a guarderías y no cuentan con ingresos en caso de enfermedad, invalidez o parto.
Tampoco tienen pensión de jubilación ni acceso a planes de ahorro para el retiro durante la fase de producción. Tampoco tienen acceso a ahorros o préstamos para vivienda (por ejemplo, Infonavit, Fovissste).
El empleo informal no significa necesariamente no pagar impuestos, señala claramente el documento.
Por ejemplo, los “empleos del futuro” basados en plataformas tecnológicas para el reparto de comida o el transporte de personas se registran como “autoempleo”. Se trata de empleo informal sin derechos laborales ni seguridad social, pero que requiere cuenta bancaria y registro federal de contribuyentes.
Con el Gobierno de López Obrador, la pobreza multidimensional a escala nacional disminuyó de 41.9% a 36.9%. Lo que no han logrado ni los programas sociales ni las políticas económicas de López Obrador es frenar el alto nivel de empleo informal.
La tasa de informalidad laboral fue de 56.7% en el primer trimestre de 2019, pero bajó a sólo 55.1% en los primeros tres meses de 2023.
De acuerdo con Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, los beneficios de los programas gubernamentales ascienden a menos del 3% del ingreso de los hogares.
Es decir, por cada 100 pesos de ingreso, se transfieren 2 pesos con 80 centavos de los programas gubernamentales.
Los programas gubernamentales tienen altas tasas de exclusión. Sólo 12.028,29 millones de hogares (34% de todos los hogares) reciben ingresos por transferencias de programas gubernamentales, mientras que 24.073,31 millones de hogares (66%) están excluidos.
Los programas gubernamentales de transferencia no tienen ningún efecto redistributivo y son ineficaces en términos de equidad e inclusión”.
