Ciudad de México – El Sector Justicia Federal (PJF) solicita un aumento de 4% en términos reales para el ejercicio fiscal 2024, respecto al presupuesto aprobado para 2023 de 77 mil 544 millones 049 mil 116 mil 126 pesos, es decir, 847 mil 92.4 millones de pesos.
De este monto, 6 mil 911 millones se destinan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 74 mil 793.3 millones al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y 3 mil 890 millones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
⇒ Al respecto, la ministra Norma Piña Hernández, presidenta de la SCJN, advirtió que los intentos por asfixiar al Poder Judicial a través de recortes presupuestales pondrían en desventaja a los más vulnerables en el acceso a sus derechos.
La ministra Piña Hernández afirmó que los proyectos de presupuesto fueron aprobados por unanimidad por los respectivos consejos y se rigieron por criterios de racionalidad y transparencia, además de tomar en cuenta el ahorro y la economía a través de la racionalización y la aplicación de medidas de austeridad.
También destacó que las funciones que desempeñará el Poder Judicial Federal en los próximos años son de especial relevancia para la vida democrática y la justicia social en nuestro país. En primer lugar, en el proceso electoral de 2023-2024 se renovarán más de 20.000 cargos de elección popular.
Esto requerirá asignaciones presupuestarias suficientes para cubrir el posible aumento en el número de casos que deberá resolver el Tribunal Electoral. Esta es la única manera de garantizar que la transmisión del poder en México se lleve a cabo de manera pacífica y con estabilidad democrática”, declaró.
En 2024, las autoridades judiciales tendrán que hacer frente al continuo aumento de la demanda del poder judicial federal registrado en los últimos cinco años. Si se mantiene la tendencia de 2023, el próximo año la justicia federal tendrá que resolver 1,3 millones de nuevos casos.
Otros 45 nuevos tribunales tendrán que ser creados el próximo año. Esto se debe a la implementación de un nuevo modelo de justicia laboral”. Este modelo se deriva de las reformas aprobadas por el Congreso Sindical en el marco de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado mexicano con la firma del T-MEC”.
El Poder Judicial también debe garantizar la implementación gradual del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aprobado por el Congreso a mediados de año. Además, se deben destinar recursos a los mecanismos de defensa pública que defiendan a los mexicanos de manera legal y, sobre todo, gratuita.
“Se destinarán recursos para fortalecer las medidas de seguridad de quienes integran el Poder Judicial de la Federación. Impartir justicia nunca debe comprometer la integridad personal de nosotros y de quienes nos rodean. La independencia del Poder Judicial requiere el establecimiento de las medidas y salvaguardas necesarias para garantizar que no existan restricciones, influencias indebidas, presiones, intimidaciones o interferencias de cualquier tipo en las actividades judiciales”, agregó.
Piña Hernández comentó que el funcionamiento de este Tribunal y de los dos juzgados depende de que se sigan construyendo doctrinas constitucionales que son esenciales para prevenir y reparar las violaciones a los derechos fundamentales.
‘Este Alto Tribunal tiene también la tarea constitucional de vigilar que toda actuación de las autoridades estatales se apegue a la Constitución, que es la norma jurídica superior de México, que simboliza, entre otras cosas, la soberanía nacional, el federalismo y la división de poderes’. El Secretario aclaró que la asignación presupuestal requerida para la puesta en marcha del Poder Judicial de la Federación en 2024 es de 1.8 pesos por mexicano al día, en promedio. Luego afirmó que el Poder Judicial tiene una gran responsabilidad por cada sentencia que emite y que, por lo tanto, “nuestro actuar, como el de otras funciones públicas, está directamente supeditado al cumplimiento del presupuesto”.
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