CIUDAD DE MÉXICO (APRO) – Un tribunal federal desechó una demanda interpuesta por el ex director de PEMEX, Emilio Lozoya Austin, que buscaba que se utilizaran como pruebas en su contra declaraciones hechas en su contra en un juicio que enfrenta por cargos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Finalmente, desechó una acción interpuesta por ocho ex directivos de Odebrecht que buscaba invalidar declaraciones hechas por ellos que pretendían ser utilizadas como pruebas en su contra en el juicio que enfrenta por cargos de lavado de dinero y asociación delictuosa.
El Tercer Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México declaró infundada la demanda de un ex directivo de la petrolera estatal mexicana (PEMEX) que busca el reconocimiento de un amparo desechado por un juez del Primer Juzgado de Distrito de Justicia en la Ciudad de México el pasado 12 de abril.
La decisión del juez, propuesta por el ponente Miguel Ángel Medecigo Rodríguez, confirma el acuerdo del juez de sobreseer el caso de Lozoya, alegando que el tratado de cooperación sobre asistencia jurídica mutua entre México y Brasil no había sido firmado por el Presidente y violaba el sistema de justicia acusatorio. También solicitó la declaración de inconstitucionalidad.
Con ello, Lozoya pretendía que se eliminaran las declaraciones de los involucrados, entre ellos el ex secretario general Marcelo Bahía Odebrecht y el representante de la empresa brasileña en México, Luis Alberto de Meneses Wale.
Las pruebas que Lozoya buscaba excluir fueron aprobadas en audiencia el pasado 10 de marzo por el juez Gerardo Alarcón López, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, y serán presentadas en el juicio que se seguirá por el caso Odebrecht, en el que la Fiscalía General de la República (FGR) pidió 46 años y seis meses de prisión para los exdirectivos.
Sobre el caso, Proceso informó que el juez rechazó 24 pruebas de la FGR, que eran estados de cuenta enviados desde Brasil y Suiza, por haber sido obtenidos ilegalmente, ya que no hubo orden judicial antes de su envío.
Sin embargo, desestimó otras pruebas financieras presentadas por las autoridades brasileñas y suizas por considerarlas ilegales, ya que no hubo orden judicial.
