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Varios partidos políticos solicitan a la JCE que anule la normativa de restricción de actividades electorales

caruri 360
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Santo Domingo - Los partidos Fuerza del Pueblo (FP), de la Liberación Dominicana (PLD) y de la Revolución Dominicana (PRD) comparecieron hoy ante la Comisión Central Electoral (JCE) en una acción .

Santo Domingo – Los partidos Fuerza del Pueblo (FP), de la Liberación Dominicana (PLD) y de la Revolución Dominicana (PRD) comparecieron hoy ante la Comisión Central Electoral (JCE) en una acción conjunta, solicitando que el 10 de agosto que revoque y anule la directiva emitida el 10 de agosto que restringe las actividades electorales de los partidos políticos.

El comunicado emitido por la JCE desató la polémica al exigir determinadas actividades políticas, y los partidos presentaron objeciones formales por motivos constitucionales. Los partidos señalaron que las prohibiciones expuestas en el comunicado violaban derechos fundamentales y contradecían decisiones anteriores del Tribunal Superior Administrativo y del Tribunal Constitucional.

En sus declaraciones, los partidos subrayaron que la celebración de actos multitudinarios como concentraciones, marchas y caravanas es una expresión de la libertad de reunión y la libertad de expresión, derechos defendidos por la Constitución dominicana. Cualquier restricción de estos derechos debe ajustarse a las normas legales y ser necesaria para proteger la seguridad nacional, el orden público y los derechos de los demás en una sociedad democrática, argumentó.

También citó como argumentos decisiones del Alto Tribunal, como la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales ciertas restricciones a la libertad de expresión en la Ley de Partidos, Asociaciones y Movimientos Políticos. También se citó como discriminatoria una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que prohibía el uso de carteles y pancartas en espacios públicos durante el periodo previo a la campaña electoral.

En cuanto a la incautación de fondos, se refirió a una sentencia del Tribunal Constitucional que invalidaba determinadas disposiciones de la ley sobre partidos, asociaciones y movimientos políticos.

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