Sevilla, 12 Sep (EUROPA PRESS) -.
El Defensor del Menor y Adolescente de Andalucía, Jesús Maestú, ha reclamado este martes un apoyo psicológico más especializado y concreto para los niños huérfanos por violencia de género y sus familias, un sistema público de ayudas económicas para estos menores víctimas que han perdido a sus madres, y La Comisión de Violencia de Género pidió que se mejore la información disponible sobre la situación en la que se encuentran estos niños.
‘La sociedad y los poderes públicos no podían proteger a sus madres, pero deben apoyar a estos niños para superar el trauma, reparar el daño y garantizarles un futuro digno’, dijo Jesús Mestú a Jesús Aguirre, presidente del Parlamento andaluz, en un capítulo relevante 2022 Informe Anual sobre la Infancia y la Adolescencia, que incluye un estudio sobre los niños huérfanos por violencia de género, subrayó.
Según la nota de prensa, Maestu afirmó que «estos niños necesitan una atención especial adaptada a sus características y necesidades individuales» porque «han tenido que vivir uno de los mayores dramas a los que se puede enfrentar un ser humano».
Desde 2003, cuando se incluyeron los menores en las estadísticas, y hasta la elaboración de este informe, el número de niños huérfanos por violencia de género asciende a 388, 75 de los cuales viven en Andalucía. Otros 12 niños han quedado huérfanos en Andalucía desde febrero (seis de ellos en agosto), con lo que el número total de menores huérfanos por violencia de género asciende a 87 en toda la Comunidad Autónoma en los últimos 20 años.
El Defensor del Pueblo ha detectado varios retos que la Administración debe mejorar para garantizar los recursos y la protección de estas víctimas, como la ampliación del acompañamiento más allá de las 48 horas posteriores al entierro de la mujer. También incluyen medidas para proteger los derechos patrimoniales de los menores y la necesidad de que se reconozca su condición de víctimas para que puedan acceder a recursos y servicios de protección no judiciales.
En cuanto a la importancia de las ayudas económicas, el Defensor del Pueblo destacó la nueva regulación de las pensiones de orfandad, donde la incidencia de este tipo de beneficiarios ha sido baja, como en Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Baleares, En este sentido, apuntó a diversas ayudas autonómicas para menores huérfanos de violencia sexual en otras comunidades autónomas, de las que Andalucía carece.
Mestu también reclamó la recopilación de datos estadísticos y la mejora de los sistemas de información, así como el fomento de la investigación y de campañas de sensibilización e información social.
Sobre la situación de la infancia en Andalucía, el Defensor del Pueblo señaló que la Comisión ha realizado 4.965 actuaciones, de las que 2.389 han sido quejas y 2.576 consultas. En materia de infancia, adolescencia y juventud, se tramitaron un total de 1.806 nuevas quejas, de las que 1.787 fueron solicitadas por los ciudadanos y 19 iniciadas de oficio por el Defensor. Junto a estas medidas, se ejecutaron otras 583, derivadas de quejas iniciadas en años anteriores. Respecto a otras áreas del informe, el Defensor del Pueblo se centró en el derecho a la salud, incluida la atención sanitaria especializada pediátrica, especialmente preocupante en la región, y en las quejas sobre salud mental, una «asignatura pendiente que no puede demorarse más».
Con motivo del inicio del nuevo curso escolar, Maestú destacó la persistencia de la falta de adaptación a las condiciones bioclimáticas en muchos colegios andaluces, las reiteradas quejas sobre la dotación de medios y recursos especializados para alumnos con necesidades especiales y la preocupación por la violencia en las aulas.
Por último, el Defensor del Menor destacó otras cuestiones como el acceso a la vivienda, los cortes de luz, la protección del medio ambiente, los estereotipos sobre los menores inmigrantes y el aumento de las denuncias por maltrato infantil.
Maeztu señaló que el tema de la próxima jornada de coordinación entre las Defensorías Provinciales y Autonómicas, organizada por el Sindic de Greuges en noviembre y cuyo taller preparatorio tendrá lugar en Sevilla a partir de la próxima semana, es la situación de riesgo de la infancia.
