— Extremadura protege el litio por decreto, obligando a su reconversión en la región.
El Tribunal Constitucional (TC) resolverá previsiblemente esta semana el recurso presentado por el Gobierno contra el texto del Decreto Ley extremeño que regula la explotación del mineral de litio en la región.
El pasado 20 de junio, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno extremeño contra el Decreto Ley extremeño, que obliga a que la transformación y el tratamiento metalúrgico del litio extraído en Extremadura se realice en la Comunidad Autónoma. La sentencia también acuerda suspender la vigencia y aplicación del mandamiento impugnado por el Gobierno, que argumenta que la norma podría vulnerar la división de competencias en materia de aprovechamiento de las zonas mineras de titularidad pública. En concreto, el Gobierno alega la vulneración del artículo 149 de la Constitución en base al régimen minero en relación con la Ley de Minas.
Según el Gobierno, «la subordinación de la riqueza a los territorios autonómicos supone una vulneración de la competencia estatal en materia de igualdad de derechos, derecho civil e infraestructuras minero-energéticas», así como una violación del principio de igualdad y del derecho de propiedad. Asimismo, afirma que imponer a los concesionarios mineros la obligación de que la transformación y beneficio del litio se realice en Extremadura supone una vulneración de la competencia estatal en materia de planificación económica, integración de mercados, libertad de empresa y principio de libre competencia.
El Gobierno afirma que las concesiones mineras se rigen por la normativa de contratos del sector público y que, por tanto, imponer dicha obligación a los adquirentes de las concesiones supone una vulneración de la competencia estatal en materia de contratación pública, ya que afectaría a los principios esenciales del contrato e impondría obligaciones irrelevantes para el objeto del mismo.
El entonces presidente en funciones del Bara, Guillermo Fernández Fernández, aseguró que el Gobierno del Estado defenderá el decreto «con todas sus fuerzas», recordando que en los últimos meses ha dialogado con el Gobierno central sin llegar a un acuerdo.
En su opinión, el decreto «va mucho más allá del régimen minero» y tiene mucho que ver con el desarrollo económico y social de Extremadura, la lucha contra la despoblación y el desarrollo de Extremadura.
También recordó que la ley nacional de minas es preconstitucional, de 1973, y que entiende que si el Estado extremeño decidió sobre el régimen minero, sería ‘lógico y natural’ que decidiera también sobre su transformación.
