Extremadura Digna (UED) firma que “la nueva cueva de Maltravieso sustituirá al Gran Buda, lo que podría ser un error que pagaremos todos los fondos públicos”.
La UED asegura que, tal y como han declarado en medios regionales la presidenta extremeña, María Guardiola, y el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos (ambos del PP), “el proyecto se ha convertido en un centro turístico, como un parque temático”, y que el proyecto del Gran Buda se considera un error.
Por ello, busca inversiones de valor sólido, como la construcción de una nueva cueva en Maltravieso y un museo de ciencias naturales, que aumenten los recursos turísticos de esta ciudad monumental y supongan un cambio para la ciudad de Cáceres.
El coordinador de la UED, Óscar Pérez, señala que: “Si realmente el Ayuntamiento de Cáceres y la Diputación de Extremadura quieren invertir en turismo de calidad y atraer más turistas a Cáceres, tienen que construir una nueva cueva en Martravieso y mostrar allí los murales rupestres, igual o muy parecida a la de Altamira en Cantabria, y es poner en valor lo que ya hay en Cáceres, o construir un museo de ciencias naturales, no algo como el Gran Buda, que nos están intentando enseñar, que no estoy seguro de que realmente vaya a funcionar”.
La organización considera que no deberían invertirse fondos públicos en el proyecto del Gran Buda de Cáceres y que no deberían cederse terrenos de titularidad pública a proyectos privados. Pérez afirma: “La construcción prevista de un centro budista en el municipio de Cáceres deja de ser un proyecto que obedece a intereses especulativos y corre el riesgo de convertirse en un fiasco, y los ciudadanos de Cáceres tendremos que pagar un dinero público que debería destinarse a otras necesidades urgentes, como las de escasos recursos.”
La UED considera que se debe rendir cuentas de los 280.000 euros concedidos por la Junta de Extremadura para el desarrollo de este proyecto y de los 50.000 euros incluidos en los presupuestos de 2023 para la Fundación Lambini (Buda). En ambos casos, se requiere una explicación por parte de las autoridades.
Por ello, consideran que la implicación financiera de los ayuntamientos y las autoridades locales en actividades de carácter religioso no entra dentro del ámbito de la Constitución, por mucho que justifiquen estas actuaciones por intereses comerciales y turísticos. También se oponen a “la actitud de los políticos que pretenden apoyar sustancialmente alguna práctica religiosa aportando más de 100 hectáreas de terreno para la construcción de este complejo”.
Reclaman que todos los fondos invertidos en viajes, y no sólo las subvenciones y bienes concedidos o a punto de concederse por la Junta de Extremadura, son muy necesarios para solucionar los problemas que sufre un amplio sector de la sociedad cacereña. Asimismo, el encarecimiento de la vida y el consiguiente aumento de la pobreza en muchas comarcas cacereñas, hacen necesario destinar fondos públicos a cuestiones religiosas, ya sean católicas, budistas, musulmanas o evangélicas, independientemente de su carácter, que deberían estar fuera del alcance de las instituciones políticas, en lugar de destinarlos a políticas de vivienda acordes con las previsiones constitucionales y las necesidades de la población y políticas de asistencia social acordes con las disposiciones constitucionales y las necesidades de la población”, exige.
