Santo Domingo – En un documento emitido hoy por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) titulado «CIDH urge a los Estados a erradicar la apatridia» en relación a la sentencia del Tribunal Constitucional TC/0168/13 Tras las acusaciones formuladas contra la República Dominicana, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), en nombre de la República Dominicana, responde con la siguiente declaración
El Gobierno de la República Dominicana reitera que toma nota de las observaciones y recomendaciones formuladas por la CIDH y está comprometido con la promoción y protección de los derechos humanos de todos sus ciudadanos, independientemente de su nacionalidad.
Sin embargo, el Estado rechaza enérgicamente la condena de la CIDH en el sentido de que la declaración no presenta objetivamente la situación de la nacionalidad en el país y no toma en cuenta los antecedentes históricos y legales y los esfuerzos del Gobierno para cumplir con la Ley 169-14, que busca armonizar la sentencia TC/0168/13 con las normas constitucionales y el derecho internacional de los derechos humanos.
Hemos hecho esfuerzos significativos para resolver los problemas relacionados con la nacionalidad, incluso mediante la promulgación de la Ley 169-14 sobre naturalización, que cuenta con un amplio apoyo de la comunidad dominicana. Esta ley restableció la condición jurídica anterior de 60.773 personas afectadas por la decisión TC/0168/13 y ordenó la expedición de documentos como dominicanos. De ellos, sólo 26.123 fueron a recibir sus documentos, mientras que los 34.110 restantes no los recibieron, presumiblemente porque murieron, emigraron o ignoraron los extensos llamamientos del Gobierno dominicano en su momento.
El Gobierno está comprometido con la promoción de políticas y programas que fomenten la inclusión, la igualdad, la no discriminación y el respeto a la diversidad étnica y racial en la sociedad dominicana. El Estado ha realizado grandes esfuerzos para garantizar el acceso universal a la salud y la educación a todos los residentes en nuestro territorio. Asimismo, en el mercado laboral no existen políticas discriminatorias o segregativas que impidan el empleo de ciertos grupos.
Aprovechamos esta oportunidad para reiterar los objetivos expresados en la política exterior de la República Dominicana. Como eje estratégico de acción, esta política está dirigida a promover los derechos humanos y los valores democráticos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales.
Reiteramos nuestro compromiso de diálogo y cooperación con la CIDH para enfrentar los desafíos de la República Dominicana en materia de nacionalidad.
