Madrid, 6 de septiembre (EUROPA PRESS) – La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el 6 de septiembre por unanimidad la despenalización del aborto a nivel federal.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el pasado 6 de septiembre por unanimidad la despenalización del aborto a nivel federal, tras el recurso interpuesto por una organización feminista que buscaba declarar inconstitucionales varios artículos del Código Penal.
La Primera Sala de la Corte (SCJN) informó en la red social X (antes Twitter) que la legislación que penaliza el aborto «viola los derechos humanos de las mujeres y de las personas en edad fértil» y es «inconstitucional».
Por ello, autoridades administrativas como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto Nacional de Servicios Sociales para la Seguridad de los Trabajadores (ISSSTE) y Pemex S.A. deben acatar la sentencia federal,
deben acatar la sentencia federal.
‘Con esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las autoridades sanitarias federales de todo el país tendrán que proporcionar servicios de aborto a las mujeres que lo soliciten y a las personas en edad fértil’, señaló en un comunicado la organización GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida).
En concreto, GIRE había pedido que se declararan inconstitucionales los artículos 330, 331, 332, 333 y 334 del Código Penal y que se impusieran penas de cárcel a las mujeres embarazadas que interrumpieran su gestación y a los profesionales sanitarios que practicaran la intervención.
La sentencia se aplica retroactivamente a los acusados o condenados por estos delitos, según informa el diario Milenio.
La sentencia se produce después de que en 2021 el Tribunal declarara inconstitucional la penalización del aborto en el Estado de Coahuila, y de que en una segunda sentencia se anulara una disposición de la Constitución del Estado de Sinaloa que protegía la vida desde el momento de la concepción.
Esta sentencia sentó un precedente para que otros estados la replicaran, pero corresponde a cada estado modificar su legislación. Pocos meses después, la ola despenalizadora se extendió a Veracruz, Hidalgo, Ciudad de México, Baja California y Oaxaca.