VALÈNCIA (EP). La agencia de calificación de riesgos Moody’s ha estimado que, en ausencia de nuevas medidas de ajuste, como consecuencia del envejecimiento de la población y del aumento del gasto en pensiones con su incremento ligado a la inflación, el déficit de la Seguridad Social española «aumentará sustancialmente» en los próximos 20 años, lo que actualmente tiene una perspectiva estable en ‘Baa1’ podría tener un impacto negativo en la ‘nota’ de España.
En concreto, Moody’s prevé que, sin las medidas adicionales ya adoptadas, el déficit de la Seguridad Social aumentará hasta el 1,4% en 2030 y el 3,2% en 2040, frente al 0,5% de 2022.
Además, pronostica que esta balanza de pagos negativa empezará a reducirse a finales de la década de 2040, alcanzando un máximo del 4% del PIB y superando incluso el 3,2% de déficit público a todos los niveles previsto para 2024.
En su informe sobre el sistema de pensiones español, Moody’s advierte de que los cambios políticos tras las reformas de 2011-2013 han «intensificado el impacto financiero» sobre la Seguridad Social.
Por ello, señala que las últimas reformas de las pensiones introducidas por el Gobierno de Pedro Sánchez, a pesar de incluir medidas de aumento de ingresos e incentivos para retrasar la jubilación, se ven «ensombrecidas» por el aumento previsto del gasto en pensiones debido tanto al envejecimiento de la población como a la decisión del Gobierno de vincular las pensiones a la tasa de inflación
Por lo tanto, suponiendo que no haya cambios en la política, Moody’s prevé que el gasto de la Seguridad Social, incluidas las pensiones y los gastos no relacionados con las pensiones, aumente del 13,5% del PIB en 2022 a alrededor del 15% del PIB a finales de esta década y al 16,8% en 2040.
Mientras tanto, los ingresos de la Seguridad Social aumentarán del 13,1% del PIB en 2022 a alrededor del 13,7% del PIB a finales de esta década, para luego volver a caer al 13% a medida que expiren las medidas temporales adoptadas por el Gobierno, calcula Moody’s.
Estas proyecciones parten del supuesto de que las transferencias de la Administración central aumentarán en línea con la inflación desde el 2,7% del PIB en 2022.
«Sin embargo, los ingresos podrían caer si las nuevas medidas tienen efectos económicos no deseados. Algunas estimaciones sugieren que se perderán de forma permanente más de 100.000 puestos de trabajo como consecuencia de las nuevas medidas. Se trata de una cuestión especialmente importante para países como España, donde el desempleo sigue rondando el 12%, a pesar de las mejoras de la última década’, subraya Moody’s.
En su informe, la agencia advierte de que las pensiones pesarán sobre el crédito en la segunda mitad de esta década si no se toman medidas. Estudios anteriores también han puesto de relieve que el agravamiento de los desequilibrios fiscales provocado por las medidas de aumento del déficit ejercerá una presión negativa sobre la calificación crediticia (…)». La aplicación de nuevas medidas de ahorro para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los regímenes de pensiones tendrá un efecto positivo sobre el crédito’, afirma Moody’s.
Según Moody’s, aunque las medidas de aumento de los ingresos son una opción, tienen limitaciones y contrapartidas, y las medidas de ahorro «pueden ser eficaces y es probable que se apliquen dada la magnitud del déficit previsto en el sistema de seguridad social».
Según sus cálculos, las medidas de ingresos previstas en la reforma de 2021-2023 alcanzarán un máximo en torno al 1% del PIB.
En su opinión, las reformas estructurales que aumenten el crecimiento potencial y la tasa de empleo de la economía española «probablemente tendrán un impacto significativo» sobre el déficit, aunque tardarán en hacerse realidad. Por ejemplo, Moody’s señala que las reformas estructurales para elevar el PIB real potencial al 2% entre 2023 y 2060 reducirían el déficit de la seguridad social en 0,5 puntos porcentuales en 2030, 1,4 puntos porcentuales en 2040 y 2,3 puntos porcentuales en 2050.
«En este caso, el déficit de la Seguridad Social en la década de 2040 se situaría en torno al 2%, que podría reducirse a un nivel más modesto con otras medidas. Sin embargo, estas medidas tardarían en materializarse y el déficit aumentaría mientras tanto», subraya el informe.
En su informe, Moody’s señala que el envejecimiento de la población española es «el más rápido de Europa». El número de pensionistas aumentará significativamente en las próximas décadas, superando los 12 millones en 2040 y alcanzando un máximo de 14 millones en la década de 2050, frente a los 9 millones de 2022.
Según el Informe sobre el Envejecimiento 2021 de la Comisión Europea, estos aumentos no serán mantenidos por la población en edad de trabajar, y España tendrá la tasa de dependencia de la tercera edad más alta de la Unión Europea en 2050, con la población en edad de trabajar cayendo de 3,1 a 1,5 personas por cabeza de población mayor de 65 años.
Moody’s señala que «la población española en edad de trabajar, que en última instancia financiará el gasto relacionado con las pensiones, tendrá dificultades para seguir el ritmo de tal aumento, incluso si se mantiene la elevada tasa de migración neta actual».
De hecho, el Informe sobre el Envejecimiento 2021 de la Comisión Europea prevé que la tasa de dependencia de la tercera edad de España se duplique hasta el 65% en 2050, cifra superior a la media de la UE (57%). Sólo Portugal, Grecia e Italia tienen ratios superiores a la media de la UE (57%).
El director general de UGT, Pepe Álvarez, dijo desconocer el informe publicado hoy por Moody’s que cuestiona la última reforma de las pensiones, pero recordó que la reforma de las pensiones fue ratificada en Bruselas y estipula que se revise cada tres años.
En un desayuno informativo sobre las prioridades del sindicato para la próxima legislatura, Álvarez recordó que las reformas aprobadas en los últimos años incluyen una cláusula que advierte de los ‘puntos de alerta’ del sistema ‘a perpetuidad’.
‘No es un acuerdo hasta 2050, es una evaluación trienal. Recibiremos y evaluaremos el informe de la AIReF cada tres años y tomaremos las medidas oportunas en función de si hay desviaciones o no las hay. Siempre intentamos evitarlo y no podemos evitarlo. No queremos que el sistema de pensiones del país se corrompa y no responda; queremos poder evaluarlo cada tres años», subrayó.
En su informe, Moody’s advierte de que un aumento del gasto en pensiones debido al envejecimiento de la población y a la revalorización de las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) podría incrementar el déficit del sistema de pensiones y afectar a la calificación de España.
En este sentido, Álvarez afirmó que ‘lo que va a provocar el caos y la intolerancia es que los pensionistas ya no van a tener la posibilidad de que sus pensiones se revaloricen conforme al IPC’.
‘Esta es una forma de ver el tema desde nuestro punto de vista, no desde el punto de vista de engordar los fondos de pensiones y los grandes capitales, sino desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la vida de las personas’.
El líder de UGT afirmó que las reformas acordadas con el Gobierno darán confianza a los pensionistas actuales y futuros.
‘Aparte de eso, son beneficios económicos. Pero aquí hay un problema indiscutible. ‘El acuerdo sobre pensiones ha sido ratificado por la UE’, subrayó.