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‘Peter Navarro, exasesor de Trump, declarado culpable de desacato al Congreso

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Washington - Un jurado federal en Washington ha declarado al exasesor de Trump Peter Navarro culpable de dos delitos menores de desacato al Congreso por no cumplir con una citación del Congreso. El .

Washington – Un jurado federal en Washington ha declarado al exasesor de Trump Peter Navarro culpable de dos delitos menores de desacato al Congreso por no cumplir con una citación del Congreso.

El veredicto del jurado del tribunal federal fue emitido en la tarde del 7 de septiembre tras varias horas de deliberaciones. El juicio comenzó con la selección del jurado el 5 de septiembre.

Navarro, exasesor comercial de la Casa Blanca del presidente Donald Trump, aparentemente no reaccionó cuando se leyó el veredicto.

Alegando la presencia de manifestantes fuera de la sala, el abogado de Navarro, Stanley Woodward, del bufete Brand Woodward Law de Washington, solicitó inmediatamente la anulación del juicio ante el juez Amit Mehta, nombrado por el presidente Barack Obama en 2014.

El manifestante estaba «acosando» a su cliente, dijo Woodward al juez.

Antes del cierre, el juez no se pronunció sobre la anulación del juicio.

Tras anunciarse el veredicto, manifestantes de ambos lados de la acusación contra Navarro se encontraban fuera del tribunal.

El Epoch Times se puso en contacto con los abogados de Navarro, pero se negaron a hacer comentarios.

En junio de 2022, Navarro fue acusado de desacato al Congreso por no cumplir una citación del Comité Selecto del 6 de enero, que existía en la Cámara de Representantes de EE.UU. bajo la anterior administración demócrata. Se declaró inocente.

Los cargos se derivan de que Navarro no presentó los documentos solicitados por el comité especial y no compareció a declarar. Navarro podría ser condenado a un año de cárcel y a una multa de hasta 100.000 dólares.

La sentencia está prevista para el 12 de enero de 2024 a las 14.30 horas.

El 6 de septiembre, Woodward declaró que su cliente estaba dispuesto a apelar si era condenado.

La Comisión está investigando un fallo de seguridad en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, que retrasó varias horas la certificación por el Congreso de las elecciones presidenciales de 2020. Al parecer, la comisión quería conocer el plan ‘Green Bay Swamp’, que Navarro detalló en un libro que escribió tras abandonar la administración Trump. El plan consistía en impedir que el Congreso certificara como ganador al demócrata Joe Biden.

Las acusaciones fueron remitidas al Departamento de Justicia de EEUU tras una serie de votaciones partidistas en la Cámara de Representantes, entonces controlada por los demócratas. El Fiscal General Merrick Garland decidió enjuiciar formalmente el caso, que pasó por los tribunales federales.

Los críticos acusaron al comité del Congreso de parcialidad y motivación política. El comité citó a varios exasesores del presidente Donald Trump en la Casa Blanca, entre ellos Navarro y el exestratega Steve Bannon.

En julio de 2022, un jurado federal declaró al Sr. Bannon culpable de un cargo de desacato basado en su negativa a comparecer para testificar y otro relacionado con su negativa a presentar documentos citados por la Comisión. El Sr. Bannon fue condenado a cuatro meses de prisión y al pago de una multa de 6.500 USD. El Sr. Bannon ha apelado y su sentencia no ha comenzado.

Al igual que otros miembros del entorno del ex presidente, Navarro se negó a responder a la citación, alegando que sus comunicaciones con el ex presidente y su personal estaban amparadas por el privilegio ejecutivo que el presidente puede ejercer para proteger los registros públicos.

Sin embargo, el juez Mehta impidió la semana pasada que Navarro dijera al jurado que el privilegio ejecutivo estaba detrás de su decisión de no responder a la citación.

El juez Mehta preguntó por qué Navarro no respondía a la citación. Navarro no pudo explicar qué dijo exactamente el expresidente Donald Trump durante la llamada de febrero de 2022 en la que afirmó que había declarado explícitamente que estaba ejerciendo el privilegio ejecutivo.

‘Seguimos sin saber qué dijo el presidente’, dijo entonces el juez. Añadió que las pruebas que apoyaban la afirmación eran de ‘muy mala calidad’.

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