Málaga, 25 Sep (EUROPA PRESS) -.
El consejero de Universidades, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha negado que el Gobierno vaya a recurrir las dos leyes de homologación de las universidades privadas CEU Fernando III y Universidad Tecnológica del Atlántico y del Mediterráneo, que serán aprobadas este miércoles por el Parlamento andaluz.
‘No lo creo’, ha dicho Gómez Villamandos sobre la posibilidad de esta iniciativa legal del Gobierno al participar en un intercambio informativo organizado por Europa Press Andalucía en colaboración con Unicaja Banco.
‘Si hay recurso, sería inconstitucional por intromisión en la autonomía’, continuó el consejero universitario, antes de afirmar que ‘estamos acostumbrados’ e insistir en que, aunque este miércoles la AN dé luz verde a la ‘ley de autorización’, eso no significa que los centros universitarios privados vayan a ser funcionales ‘desde el día siguiente’ y que estos «problemas conceptuales» de cara a la puesta en marcha de los futuros centros universitarios privados.
Gómez Villamandos afirmó que «el camino empieza ahora» para el futuro de las universidades privadas, y que éstas tendrán un «exhaustivo control de calidad», que los criterios para la obtención de un título serán «los mismos» que para las universidades públicas, y que su homologación la otorgará el mismo órgano, el Consejo de Universidades.
El responsable de Universidades de la Junta de Andalucía se mostró «interesado en el efecto dominó» de estas universidades privadas, pero reiteró que «no reciben ni un euro de la Junta de Andalucía» y que «no existe una competencia real entre las universidades públicas y privadas en cuanto a número de alumnos» y que las públicas ofrecen titulaciones similares «sin ningún plan», añadiendo la idea de paralelizar dicha competencia entre universidades públicas y privadas.
Sobre el modelo de financiación de las universidades, aprobado por el Consejo de Ministros el 19 de enero, bromeó diciendo que el rector es exigente, y añadió: «Yo fui rector».
Alabó la cláusula de salvaguarda por la que ninguna universidad recibirá menos de lo que recibía antes de la entrada en vigor del modelo, además de la inclusión en la financiación de los incrementos salariales de los funcionarios determinados por el Estado, y los 14 millones incluidos para ‘infundir y desarrollar el modelo a través de la planificación estratégica’ de la universidad. Defendió el USD.
Gómez Villamandos argumentó que el modelo de la Universidad contempla un periodo de cinco años y que es «posible» que el 30% de la financiación de la Universidad deje de proceder de fuentes públicas, y que confía en que la Universidad pueda cambiar esta situación a través de los contratos-programa previstos en el modelo.
El consejero de Universidades rechazó el «mantra de la infrafinanciación», explicando que «todos queremos más», antes de aclarar que «la tarta es así» y afirmar que «todos queremos más» y «queremos que el Gobierno nos dé más».
Declarando que «Andalucía es la región que más invierte en universidades», afirmó que esta aportación es del 1% del PIB de la región, recordando que es una cifra «fijada como objetivo» por el Estado y que la media de la OCDE está entre el 0,92-0,94%, y que «somos el 1% y se está gastando dinero. No podemos decir que no se gasta», concluyó. Gómez Villamandos, que dijo haber dedicado «más de 50 horas» a negociar el modelo de financiación, subrayó que se trata de un «modelo no distributivo» y que, por tanto, «los fondos les corresponderán».
El consejero responsable de Universidades se mostró partidario de mantener la medida, que establece la gratuidad de la enseñanza universitaria tras el pago de la matrícula del primer año, y afirmó que ’47 millones de euros pueden ser transferidos y gastados por las familias’.
Preguntado por la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario (LOSU), que fue aprobada el 22 de marzo y entró en vigor 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el ministro afirmó que si el Ejecutivo, con Alberto Núñez Feijo como presidente del Gobierno, se aprueba, «a los 100 días de llegar al poder» Afirmó que esto se debía a que «esperamos tener un Gobierno del PP» pero estaban «a la espera de los resultados de las elecciones», ya que está previsto que se realicen enmiendas a la LOSU.
En caso contrario, dijo, «seguirá trabajando en los recursos de inconstitucionalidad». La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) establece en su artículo 33 que «el recurso de inconstitucionalidad deberá interponerse en el plazo de tres meses desde la publicación de la ley, norma o acto con fuerza de ley impugnado por la demanda presentada ante el Tribunal Constitucional».
