Santo Domingo.-La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Nacional ordenó el ingreso en prisión del imputado Alfredo Milambo Villalona, uno de los implicados en el caso Gavilán.
El Tribunal, presidido por Rosalba Galib e integrado por Teófilo Andújar y Delio Germán, tomó esta decisión tras rechazar un recurso de apelación interpuesto por el imputado, a través de su abogado Carlos Mesa.
Según el Ministerio Público, el acusado participó en una red para borrar y falsificar los antecedentes penales de 16.958 personas que fueron desmanteladas por la Operación Gabilán a principios del pasado mes de agosto.
Mirambo Villalona es uno de los cinco implicados en este procedimiento judicial y cumple una prisión preventiva de 18 meses como medida obligatoria impuesta por la Oficina Judicial de Atención Permanente de la Jurisdicción Nacional.
La Fiscalía estuvo representada en la audiencia por los fiscales Andrés Mena y Sorely Háquez.
Con la Operación Gavilán, la Fiscalía presentó cargos preliminares contra una red de fiscales, funcionarios administrativos y policías que desde hace tiempo se dedican a borrar antecedentes penales a cambio de sobornos.
El borrado de antecedentes penales llevado a cabo por esta red criminal beneficiaba a personas acusadas de sicariato, narcotráfico, violación, agresión sexual y adulteración de alcohol, secuestro y otras que cumplían condenas de hasta 30 años, hasta que figuraban sin antecedentes penales en el registro público.
Durante las redadas se incautaron pruebas de los delitos, como dispositivos electrónicos, certificados de transferencias bancarias, armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, carnés de identidad y copias de documentos de identidad.
El grupo fue juzgado por delitos similares a los artículos 59, 60, 123, 124, 166, 167, 174, 175, 177, 265 y 266 del Código Penal dominicano.
También se violaron el artículo 41-08 de la Ley de Servicio Civil, los párrafos 6 y 10 del artículo 53-07 de la Ley sobre Crimen y Delitos de Alta Tecnología, y el párrafo 3 del artículo 155-17 de la Ley Contra el Estado Dominicano.
Dichas sentencias penalizan la asociación de malhechores, el soborno, la ciberdelincuencia y el lavado de activos provenientes de un delito imputado.
