EE.UU. prohíbe la entrada a tres políticos guatemaltecos por corrupción
El Gobierno de Estados Unidos prohibió este martes la entrada en su territorio a tres políticos guatemaltecos -dos ex funcionarios y el actual viceministro de Desarrollo Sostenible- por corrupción.
Según un comunicado del portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, el ex ministro de Gobernación, Gendri Rocael Reyes, el ex ministro de Energía, Alberto Pimentel, y el actual viceministro de Desarrollo Sostenible, Óscar Rafael Pérez, fueron acusados hoy de aceptar sobornos durante sus mandatos.
Los actos de corrupción de estas tres personas socavan el Estado de Derecho y la transparencia gubernamental en Guatemala, afirmó Miller.
Estados Unidos también prohibió la entrada en el país a dos de las hijas de Reyes, a la esposa e hija de Pimentel y a la pareja de Pérez.
Reyes, que dejó el ministerio en enero de 2022, ya fue señalado por EE.UU. en un informe presentado al Congreso en julio de este año, en el que se le incluía en una lista de actores corruptos y antidemocráticos, junto a otros funcionarios y políticos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. El anuncio se produjo el mismo día que la decisión de Estados Unidos de imponer restricciones de viaje a casi una docena de personas y sus familiares por socavar la democracia y el Estado de derecho en Guatemala. Los nombres de estas personas no se han hecho públicos, pero EE.UU. dijo que incluían a miembros del Ministerio Público de Guatemala y a otros funcionarios públicos y del sector privado.
El martes, en un comunicado, EE.UU. pidió una transferencia de poder que respete la voluntad del pueblo y acate el estado de derecho.
Previamente, el martes, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala declaró inalterables los resultados de las elecciones celebradas el 25 de junio y el 20 de agosto, en las que el progresista Bernardo Arévalo de León ganó la segunda vuelta.
El proceso electoral se considera el más controvertido de la historia democrática de Guatemala debido a la judicialización de las elecciones y a los intentos del Ministerio Público de anular los resultados.