El fracaso de los servicios públicos, un golpe mortal para los más pobres
Siempre que los servicios públicos básicos fallan o se vuelven inseguros, el poder adquisitivo de quienes se ven obligados a utilizarlos también disminuye.
Buscaba información en la web oficial sobre cuánto dinero extra había que recaudar para pagar tratamientos en clínicas privadas a los dominicanos que no podían recibirlos en los hospitales públicos.
Del mismo modo, busqué información sobre cuánto cuesta trasladar a sus usuarios fuera del metro de Santo Domingo cuando se avería, cuánto cuesta comprar combustible, mantener las centrales eléctricas e invertir en baterías para los inversores, y cuánto se detiene la producción en las pequeñas empresas debido a los cortes de electricidad.
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De hecho, no he podido encontrar tales estadísticas, y dudo que alguien en el Gobierno las lleve. Pero tales sobrecostes drenan silenciosamente el presupuesto, hundiendo el poder adquisitivo de los ciudadanos por debajo de la línea y obligándoles a sobreendeudarse para poder seguir respirando.
Uno de los principales retos a los que se enfrentan los gobiernos democráticos comprometidos con el mantenimiento de la paz social y la estabilidad es no perder nunca la sensibilidad social, por muchos logros y éxitos que consigan.
Por ello, es esencial que el Gobierno dirigido por el Presidente Luis Abinader siga centrado en mejorar constantemente la eficiencia y la calidad de los servicios públicos invirtiendo en infraestructuras, formación del personal, sistemas de gestión y supervisión eficaz.
Las deficiencias de los servicios públicos son un golpe fatal para los pobres, pues agravan las dificultades a las que se enfrentan a diario.
La mayoría de la población apenas puede permitirse servicios vitales como la electricidad, la educación, la sanidad y el transporte colectivo, que funcionan mal constantemente.
Resulta un tanto increíble que esto ocurra a pesar de que el Gobierno cuenta con uno de los números más altos de funcionarios con las mejores cualificaciones profesionales de los últimos 50 años, con maestrías (M.S./M.A.), doctorados (PhD), posdoctorados, amplia experiencia en gestión y empresarios de superéxito. Cuesta creer que esto esté ocurriendo.
No han puesto en marcha herramientas de medición y evaluación que puedan captar de forma coherente la satisfacción o insatisfacción que sienten los ciudadanos cuando demandan, reciben o dejan de recibir servicios públicos.
Los esfuerzos del actual Gobierno por encontrar soluciones eficaces y eficientes a los principales problemas que afectan a los grupos de bajos ingresos siguen siendo una asignatura pendiente. El objetivo es posicionar en la opinión pública la necesidad de privatizar estos servicios y hacerlos de nuevo “eficientes”, a menos, claro está, que estos “fallos evidentes” sean ineficiencias programadas.
