Santo Domingo – El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Estévez Labandier, envió este lunes a juicio a Rosa Amalia Pirarte, acusada de lavado de activos mediante actividades de narcotráfico.
La decisión fue acogida en opinión de Pedro Amador, fiscal adjunto de Jurisdicción Privilegiada y Procedimientos Especiales, y Perajo Alcántara, fiscal general de la Corte de Apelación.
El magistrado también rechazó imponer medidas coercitivas y ordenó la devolución de los pasaportes incautados durante el registro.
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En la vista, la diputada Pirarte acusó al Ministerio Fiscal de contar una historia que «no se ajusta a la realidad» tras acusarla de blanqueo de dinero que supuso la entrada de más de 4.000 millones de pesos en el sistema financiero.
Los cargos contra ella
Según la Fiscalía, Rosa Pirarte introdujo en el mercado financiero más de 2.593 millones de pesetas procedentes de las actividades de narcotráfico de una red dirigida por su socio.
El salario más alto que recibió la acusada como dentista en el Servicio Nacional de Salud (SNS) fue de 36.120 dólares, así como una empresa pantalla cuyos accionistas son López Florencio y su hijo, Miguel Arturo López Pirarte, también imputado en la causa, R $ 30.000 a través de la empresa Servi Crédito Gloria Yvette.
En su calificación jurídica preliminar, los diputados consideraron que Rosa Amalia Pirarte López López, vicepresidenta de la Cámara, infringió el artículo 3, párrafos 1, 2 y 3, el artículo 6 y el artículo 9, párrafos 1 y 2 de la Ley 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la República Dominicana. También los artículos 3, 7, 8, 18, 19 y 21 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos, modificada por la 155-17.
Además, los acusa de violar los Artículos 10 y 11B de la Ley 11-92 sobre el Sistema Tributario, el Artículo 204(1), el Artículo 222(4) y (6), los Artículos 232 al 236 y 237(1), el Artículo 238(2), 238(3) y 238(4), y el Artículo 239(3)(2).
Por último, les acusa de violar los artículos 3 y 68, apartados 1 y 10, el artículo 70A, apartado 1 y el artículo 86A de la Ley Monetaria y Financiera (183-02).
