. Por diversas razones que revelan un sistema de justicia disfuncional, en un periodo de seis meses se suspendieron el 70% de las vistas, concretamente en el ámbito penal. Esta elevada tasa de bloqueo procesal niega, en cierta medida, una respuesta adecuada a los conflictos sociales, a menudo judicializados, y a los ciudadanos acusados de infringir la ley. La lamentable contribución de los tribunales a la superpoblación carcelaria se debe también al uso excesivo de la prisión preventiva, que debería ser la excepción. El respeto de la presunción de inocencia sigue deteriorándose, con retrasos denunciados en el enjuiciamiento, y muchos autos de procesamiento contienen sanciones previas a la sentencia.
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La imposibilidad de que los acusados, testigos y peritos comparezcan ante un juez en una fecha concreta es alarmante. Hay una ausencia notable de personal competente para desempeñar sus funciones en algunas de las instituciones judiciales, y la gendarmería, que se encarga de llevar a las personas a las sedes judiciales, no siempre cumple con su tarea de respetar las fechas y horas preestablecidas. En particular, como se ha denunciado responsablemente, las estructuras judiciales que reciben casos que involucran a niños, niñas y adolescentes operan con una lentitud frustrante, ya que las instancias superiores del sistema no han designado profesionales capaces de ejecutar justicia en este nivel de manera oportuna».
